26 de junio del 2024. La Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FAEDO) confirmó que sí elaboró una acusación en contra de 23 personas imputadas en el caso conocido mediáticamente como “Turesky”, contrario a lo afirmado el 21 de junio anterior, por el Tribunal de Apelación de Sentencia de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO), órgano que ordenó la libertad de 22 sospechosos que se encontraban cumpliendo prisión preventiva, así como otro tipo de medidas cautelares.
Ese día, durante la audiencia, la FAEDO solicitó la prórroga de las medidas cautelares y le informó al tribunal que la pieza acusatoria estaba formulada, impresa con 772 folios, firmada con fecha 20 de junio del 2024 y que se encontraba físicamente en dos legajos sobre el escritorio en la sala de juicio y en manos de la fiscal.
Sin embargo, dicho tribunal dejó sin efecto todas las medidas cautelares, señalando la no presentación de la acusación respectiva.
Se aclara que, de acuerdo con la legislación vigente, la Fiscalía no tiene la posibilidad de formular una apelación, al tratarse de una resolución efectuada por el Tribunal de Apelación de Sentencia de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada.
De acuerdo con FAEDO, en esa misma vista, la representante del Ministerio Público le expuso con claridad al tribunal que la investigación se encontraba finalizada y que ya se contaba con la totalidad de los elementos de prueba para atribuirle los delitos imputados a los miembros de la organización criminal, y que lo único que restaba era que se señalara la audiencia preliminar, en la que se solicitaría que el caso se elevara a juicio.
Si bien la acusación no estaba agregada al expediente principal, lo cual fue fundamento principal por parte del Tribunal de Apelación para liberar a los acusados, la Fiscalía Especializada informó "que traía la acusación impresa el día de hoy” y que la misma sería agregada al expediente una vez que se concluyera con los trámites administrativos correspondientes.
De lo anterior se desprende que en esa audiencia el Ministerio Público mantuvo a disposición del Tribunal la acusación formulada, y que el Tribunal nunca solicitó tenerla a la vista en caso de que lo expuesto por la fiscala le hubiera generado algún grado de duda, conforme al deber de lealtad que debe privar entre las partes.
A pesar de la complejidad de la investigación, el volumen del expediente, en el que constan 79 tomos con más de 20.000 folios, y de la gran cantidad de imputados involucrados, el Ministerio Público cumplió a cabalidad con su obligación de finalizar la investigación y formular la acusación.
Lo anterior, aun cuando faltaban 11 meses de prisión preventiva para que se cumpliera el plazo máximo establecido en la ley de creación de la jurisdicción especializada, y pese a habérsele indicado al Tribunal que los peligros procesales que motivaron la imposición de la prisión preventiva y medidas cautelares se habían incrementado, al existir una acusación formulada, lo cual elevaba el riesgo de que los imputados intentaran evadir la acción de la justicia.
No obstante lo anterior, la FAEDO se encuentra preparada jurídica y probatoriamente para afrontar la audiencia preliminar y el debate en el momento en que sean señalados.