- Requerimientos se plantearon dentro de un testimonio de piezas (expediente secundario) de la causa principal; esta última se mantiene en trámite contra 67 personas.
- Acusados son tanto personas funcionarias públicas como privadas, entre estas los dueños de dos empresas constructoras.
29 de abril del 2024. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) formuló dos acusaciones en contra de 12 personas, funcionarias públicas y privadas, dentro del caso conocido como “Cochinilla”, por los presuntos delitos de cohecho propio y penalidad del corruptor.
Se trata del expediente 24-000130-1218-PE, el cual es un testimonio de piezas (expediente secundario) originado de la sumaria principal (19-000025-1218-PE). La razón por la que el órgano fiscal confeccionó dos acusaciones, es porque se imputan hechos distintos.
De acuerdo con la FAPTA, la causa principal continúa bajo investigación en contra de al menos 67 personas más. Si embargo, debido a la multiplicidad de hechos y personas investigadas, y en razón de que ya se contaba con prueba idónea para formalizar cargos en contra de los 12 imputados, fue que se logró concluir el expediente secundario.
Los requerimientos fueron comunicados hoy a la Procuraduría General de la República (PGR) y al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), para que ambas partes informen si desean constituirse en querellantes, es decir, presentar una acusación privada.
Las dos acusaciones incluidas en el caso 24-000130-1218-PE corresponden a dos hechos específicos. El primero de ellos se relaciona con la empresa constructora MECO y con CONAVI, pues, según se acusó, los funcionarios públicos ejecutaron actos contrarios a sus deberes a cambio de dádivas ofrecidas y entregadas por los particulares de la empresa privada.
Lo anterior, con el fin de generar beneficios directos e indebidos en favor de la constructora para el pago ágil de facturas millonarias, correspondientes a trabajos realizados por la compañía.
La segunda acusación involucra a la misma institución estatal y a la empresa H. Solís. Presuntamente, esta última entregó dádivas a los empleados públicos para generarse beneficios directos e indebidos, es decir, para que realizaran actos contrarios a sus deberes dirigidos a adecuar el presupuesto del CONAVI a satisfacción de los intereses particulares de la empresa constructora.
En ambas piezas acusatorias se señaló a personas particulares de apellidos Cerdas Araya (dueño de MECO), Bolaños Salazar, González Carballo, Arce Alpízar, Solís Vargas (dueña de constructora H. Solís), Naranjo Vargas, Abarca Quesada y Godínez Abarca, y a funcionarios y exfuncionarios del CONAVI, identificados como Solís Murillo, Carmona Rivas, Meléndez Cerdas y Zúñiga Fallas.
Solicitud de apertura a juicio. A partir de la notificación a las partes afectadas, la PGR y el CONAVI cuentan con tres días hábiles para informar a la Fiscalía Anticorrupción si presentarán una querella y/o una acción civil resarcitoria (para el cobro de daños y perjuicios).
En caso afirmativo, contarán con 10 días más para elaborar los documentos. Posterior a la tramitología que conllevan estas gestiones, la FAPTA presentará el expediente ante el Juzgado Penal de Hacienda, con solicitud de apertura de juicio.