- Por este caso, 26 personas irán a juicio, luego de que Juzgado acogiera en su totalidad la acusación y prueba presentada por la Fiscalía.
11 de diciembre del 2024. Esta mañana se realiza el acto de puesta en posesión al Estado de una propiedad valorada en ₡2,000 millones de colones, perteneciente a dos sociedades cuyo beneficiario final es un hombre de apellidos Segura Angulo. A él, la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial le atribuye el liderazgo de una organización criminal dedicada al lavado de dinero.
La diligencia se realiza mediante la figura de depósito judicial a favor del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), luego de que el órgano fiscal así lo solicitara al Juzgado Penal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO).
Hacienda Fénix, ubicada en Pedregoso de Pérez Zeledón, en un terreno de más de 30 hectáreas, está siendo inspeccionada por un juez, un fiscal, personal de la policía judicial y de la Fuerza Pública.
En el acto se realizará la revocatoria del nombramiento de depositario actual, un hermano del imputado, y se levantará un acta para poner el inmueble a disposición del ICD, para custodia y administración.
En junio pasado, la fiscalía solicitó al Juzgado Penal que el expediente 19-000082-1322-PE fuera elevado a juicio. Tras una audiencia preliminar, el órgano acogió la petición fiscal, por lo que ahora se espera que el Tribunal de la JEDO señale fecha para el inicio del debate.
En esta causa figuran como acusadas 26 personas, entre estas, profesionales en Derecho y Ciencias Económicas, así como funcionarios bancarios.
Al grupo se le vincula con el uso de dinero proveniente del narcotráfico, con el cual la organización se habría dedicado a adquirir bienes de interés económico y a invertir en negocios de apariencia legal, para legitimar las ganancias ilícitas.
De acuerdo con la prueba recabada, las actividades ilegales se desarrollaron entre el 2015 y el 2022, y generaron un patrimonio ilícito de aproximadamente $17 millones de dólares.
Para el Ministerio Público, esta acción representa un logro importante, puesto que se materializa el ataque de la institución al patrimonio de los grupos criminales.
En una eventual sentencia condenatoria durante el juicio que se realice, la propiedad, que desde hoy se encuentra bajo depósito judicial, podría quedar en comiso, con lo cual se lograría despojar del inmueble al grupo criminal, de manera definitiva.