21 de junio del 2024. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó la detención de cinco funcionarios judiciales: tres fiscales y dos jueces, identificados con los apellidos Kikut, Darcia, Ulloa, Sánchez y Padilla, respectivamente.
La investigación, desarrollada de manera conjunta con la policía judicial, tiene como objetivo obtener pruebas documentales y electrónicas para agregar al caso 24-000085-1218-PE, por lo que se procedió al allanamiento de ocho sitios: el Juzgado Penal y la Fiscalía de La Unión; la Fiscalía de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de San José; la casa de Sánchez y la de sus padres; el Juzgado de Tránsito del Tercer Circuito Judicial de San José, una oficina judicial de Tecnología de Información, y la vivienda de Ulloa, hermana de un exjuez penal y litigante, ultimado en Tres Ríos el 27 de febrero del 2024.
Los delitos investigados son tráfico de influencias, falsedad ideológica, incumplimiento de deberes, divulgación de secretos y cohecho propio. A los imputados se les tomará la declaración indagatoria y, posteriormente, se valorará la solicitud de medidas cautelares, para mantenerlos vinculados al proceso penal.
La fiscal general en ejercicio, Karen Valverde, participó en los allanamientos y lamentó que se presente este tipo de presuntas actuaciones, pero resaltó la fortaleza del sistema de justicia, al lograr detectar casos de posible corrupción para procesar a los sospechosos, independientemente de quién se trate.