25 de setiembre del 2024. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) solicitó medidas cautelares en contra de los ocho imputados que conformaron la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) entre febrero del 2023 y julio del 2024. La petición se realizó al finalizar la tarde de ayer, en el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.
En contra de los imputados, la fiscalía requirió el cumplimiento de cinco medidas, por el plazo de 6 meses: impedimento de salida del país, depósito de pasaportes, firmar una vez al mes en la FAPTA, prohibición de conocer cualquier asunto relacionado con la licitación bajo investigación, y prohibición de comunicarse, acercarse, influir, amenazar, intimidar o perturbar a 11 testigos del proceso.
Adicionalmente, en contra de Esquivel, Camareno, Gutiérrez, Araya, Rojas y Gómez se pidió la suspensión del cargo, por el mismo período.
Tras la petición, los imputados fueron puestos en libertad y deben de presentarse hoy a las 8:30 a.m. para la continuación de la audiencia, en la que se conocerán los alegatos de la defensa técnica de las ocho personas.
La FAPTA atribuye a los sospechosos la presunta comisión de los delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
