27 de enero del 2025. A solicitud de la Fiscalía de Hatillo, dos sospechosos de cometer los delitos de asociación ilícita, estafa y estafa informática irán a prisión preventiva, por incumplimiento de medida cautelar. La nueva resolución fue ordenada por el Juzgado Penal de la localidad, el viernes.
Se trata de Jiménez Vargas y Smith Pérez, quienes, junto a otras 25 personas, tenían la prohibición de acercarse al Consejo de Seguridad Vial y al Plantel de Pruebas Prácticas. Sin embargo, ambos incumplieron, por lo que el Ministerio Público solicitó la revocatoria de las medidas cautelares y pidió que se ordenara tres meses de prisión para el primero y dos meses para el segundo.
El incumplimiento de dichas medidas fue detectado por oficiales de Fuerza Pública, quienes, en coordinación con la Fiscalía, realizaron un operativo fijo en las inmediaciones de esas instancias.
El caso. Los hechos ocurrieron entre el 01 de noviembre del 2023 y el 13 de noviembre del 2023, en las inmediaciones de la Dirección General de Educación Vial y el plantel de pruebas prácticas "Ciudad Vial", en San Sebastián.
De acuerdo con la prueba recabada, estas personas conformaron un grupo, el cual se dedicaba a funciones distintas, con el aparente fin de engañar a las víctimas con el ofrecimiento de servicios y trámites relacionados con las pruebas y emisión de licencias de conducir.
Se cree que, entre los servicios y trámites ofrecidos por este grupo criminal, estaba la habilitación de usuarios y contraseñas para acceder al sistema y matricular las pruebas; adelantar citas, facilitar la aprobación de los exámenes y trámites con el dictamen médico.
En apariencia, la organización captaba a las víctimas por medio de redes sociales o de manera personal, cuando estas se presentaban a realizar los trámites, donde ofrecían los servicios por montos entre los ₡40.000 y ₡300.000.
Al parecer, una vez que los ofendidos se encontraban en el lugar, los imputados les pedían a estos que se tomaran una fotografía con sus propios celulares y solicitaban a las víctimas entregar el aparato, haciéndoles creer que ingresarían a las instalaciones de la institución, para continuar con las diligencias. De esa forma, se presume que los los imputados se aseguraban de apoderarse de los bienes de las víctimas.
Dado que esto le permitía a la organización tener acceso a los datos de las víctimas, se sospecha que realizaban transferencias bancarias o compras por medio de plataformas de comida. También se cree que contactaban a familiares y conocidos de los ofendidos, y solicitaban que realizaran SINPES a otros números.
La causa es la 24-000789-0059-PE.