15 de mayo del 2025. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) solicitó anoche medidas cautelares en contra de los cuatro imputados detenidos el martes, por la presunta comisión de irregularidades relacionadas con la declaratoria de emergencia para rehabilitar la pista de aterrizaje del aeropuerto de Liberia, Guanacaste.
En contra de Batalla, Castillo, Villalobos y Picado, la FAPTA pidió al Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública el impedimento de salida del país, así como firmar una vez al mes, no mantener contacto ni cercanía con testigos, prohibición para perturbarlos y también para acercarse e ingresar a las instituciones involucradas: Comisión Nacional de Emergencias, Aviación Civil y Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
En contra de los tres últimos también se requirió la suspensión del cargo.
Los imputados quedaron en libertad tras la petición, a las 11:00 p.m., y deberán presentarse hoy a la 1:30 p.m. para la continuación de la audiencia.
Investigación. Los hechos investigados en el expediente 24-000454-1218-PE se relacionan con una serie de supuestas irregularidades con la declaratoria de emergencia para rehabilitar la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia, Guanacaste. Según el órgano acusador, la emergencia se justificó falsamente, pues atribuyó los daños que presentaba la pista como consecuencia de la tormenta tropical Bonnie y otras ondas tropicales ocurridas en el 2022, pero lo cierto es que los perjuicios se presentaron con anterioridad a los fenómenos naturales.
Eso permitió modificar un decreto ejecutivo e incluir a Liberia en la emergencia nacional, habilitando una contratación por $39.9 millones adjudicada a la empresa Constructora MECO S.A.
Al haberse emitido la declaratoria de emergencia, los trámites para realizar las obras se simplifican, puesto que se requiere de las mismas en el menor tiempo posible, lo que implica no solo la disponibilidad inmediata de los recursos, sino también que no se requiere del refrendo previo de la Contraloría General de la República.
Aparte de Castillo, Villalobos, Batalla y Picado, en la causa se investiga a otras 10 personas de apellidos Naranjo Elizondo (exdirector de Aviación Civil), Amador Jiménez (exministro del MOPT, ya indagado por la Fiscalía General), Marín Fallas (jefe de Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción de la CNE), Díaz Quintana (exministra de la Presidencia), Rodríguez Fallas (asesor legal de la Dirección General de Aviación Civil), Murillo Saborío (encargado mantenimiento aeroportuario de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil), Castellón Camacho (asesora en el Consejo Nacional de Concesiones), Baltodano Aragón (miembro Junta Directiva de CONAVI), Sánchez Zumbado y González Chinchilla (Presidente y director técnico de la obra, ambos de MECO).