- Los hechos corresponden a dos investigaciones distintas.
16 de junio del 2025. La Fiscalía contra la Ciberdelincuencia consiguió que se ordenara cuatro meses de prisión preventiva en contra de un hombre de apellidos Martínez Ríos, sospechoso de cometer el delito de estafa informática. La medida cautelar fue ordenada por el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José, el 6 de junio.
De acuerdo con la investigación, personas no identificadas sustrajeron información sensible de la víctima y así tuvieron acceso a su cuenta bancaria. De esa manera, se apoderaron de ocho millones de colones, los cuales depositaron en dos cuentas, una de ellas era la que se encontraba a nombre de Martínez.
En apariencia, el imputado se presentó a un cajero automático, donde retiró dos millones de colones. Sin embargo, fue abordado oportunamente por las autoridades y se ordenó su captura, antes de que se trasladara a otro lugar con el dinero.
El caso corresponde al expediente 25-000862-0071-PE.
Otro proceso. En un caso distinto, seguido en contra de un hombre de apellidos Retana Brenes, la fiscalía especializada solicitó que se revocara la resolución que le permitía cumplir medidas cautelares distintas a la prisión.
La gestión se realizó luego de que el despacho detectara que este había incumplido con lo ordenado en su contra, por lo que, tras la petición fiscal, ahora debe permanecer en prisión preventiva hasta agosto.
Según la causa 24-001463-0042-PE, el 6 de agosto del 2024, el Juzgado Penal había ordenado prisión preventiva en contra del imputado, medida cautelar que fue prorrogada hasta el 6 de junio del 2025.
Sin embargo, el 29 de enero, el Juzgado Penal varió esa medida por arresto domiciliar con monitoreo electrónico. La Fiscalía apeló la resolución, sin embargo, el Tribunal Penal mantuvo el criterio, por lo que el Ministerio Público no tenía posibilidad de una nueva apelación.
El 01 de mayo, la Fiscalía contra la Ciberdelincuencia observó el incumplimiento, por lo que ordenó la captura. No obstante, Retana se mantuvo en fuga, hasta que, el 30 de ese mes, Fuerza Pública logró detenerlo en San José y presentarlo a los Tribunales de Justicia.
A esta persona se le investiga en 29 causas por el delito de estafa informática. Se cree que el hombre abordaba a las víctimas y las engañaba con el timo de que se había quedado sin saldo en su celular o que no tenía señal.
De esa forma, se cree que los ofendidos, en su mayoría adultos mayores, accedían a prestarle el teléfono, con lo que, presuntamente, este tenía acceso a las cuentas bancarias y, mediante la mensajería SMS, realizaba SINPES a terceros.
Se presume que el perjuicio económico es de ₡4,726,600. El caso sigue investigación.