27 de abril del 2026. En una nueva audiencia, la Fiscalía Adjunta Ambiental consiguió que se acogiera su solicitud y se ordenaran medidas cautelares en la causa penal del caso conocido como "Gandoca-Manzanillo", la cual se tramita bajo el expediente 24-000003-1851-PE.
En una primera vista, realizada en julio del 2024, el Juzgado Penal del II Circuito Judicial rechazó el requerimiento fiscal, por lo que el Ministerio Público apeló la resolución. El Tribunal Penal acogió la apelación y ordenó que se anulara esa resolución, y señaló que debía realizarse otra audiencia, la cual se llevó a cabo el pasado jueves 23 de abril.
Esta mañana se confirmó que el Juzgado acogió la petición fiscal y notificó las siguientes medidas cautelares:
- La suspensión de los efectos de los aprovechamientos forestales AC-AC03-IF-00126-2023 y AC-AC03-CO-SAF-00026-2024.
- La suspensión de los efectos de la resolución administrativa 011-2024-ACLAC-SLT, emitida por el SINAC, Oficina Subregional de Talamanca.
- La suspensión de cualquier trámite de permisos que se gestione para realizar labores sobre las fincas investigadas.
- La orden a la Municipalidad de Talamanca para suspender cualquier trámite de visado de planos y permisos en general relacionados con dichas propiedades.
- La anotación del proceso penal al margen de las fincas matrícula 7-48141-000 y 7-59699-000.
- La orden al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) para proceder con la clausura del camino interno existente dentro de las fincas, con el objetivo de evitar su utilización y permitir la regeneración natural del bosque.
Estas medidas buscan evitar un mayor deterioro ambiental mientras avanza la investigación penal y garantizar la protección efectiva del recurso forestal, conforme al derecho constitucional de toda persona a disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
El caso. La causa se sigue en contra de cinco personas: un particular de apellido Pacheco; tres funcionarios del SINAC, identificados como Salas, Campbell y Cruz; así como un regente forestal apellidado Camacho.
De acuerdo con la investigación, el primero, con la colaboración del regente, habría solicitado ante el SINAC, específicamente el Área de Conservación La Amistad Caribe, autorización para el aprovechamiento de 94 árboles. En ese momento, se les previno que el terreno correspondía a área de bosque y también se les indicó que la finca mantiene un ecosistema de humedal, lo que impedía legalmente la autorización.
Se presume que luego se presentó otra gestión, el cual varió la condición del terreno, ya que se afirmaba, en esta ocasión, que no se trataba de bosque, sino de un supuesto sistema agroforestal. De esa forma, se permitió la emisión de actos administrativos, los cuales ahora son investigados dentro de este proceso penal.