Juan Carlos Cubillo Miranda es el subjefe del Ministerio Público desde el 2016. Tiene una candidatura a doctorado en Derecho por la Universidad Estatal a Distancia y es magister en Ciencias Penales por la Universidad de Costa Rica; en esa misma casa de enseñanza obtuvo su título de licenciatura en Derecho y se graduó como notario público.  

Cubillo Miranda ha publicado una serie de artículos, entre los que destaca “Locura y Delito en 1778”; “Reflexiones sobre la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública”; y "El debacle del Banco Anglo Costarricense y la participación de la persona jurídica".  

El funcionario, oriundo de Nicoya, donde realizó su educación primaria y secundaria, fue parte del equipo de fiscales que motivó a que un costarricense comentara lo siguiente, respecto a la sentencia condenatoria en el caso “Caja-Fischel”, el 5 de octubre del 2009: “(…) hemos tenido la satisfacción de comprobar que tenemos una Fiscalía de acero, que ya fue bautizada con fuego, haciendo y deshaciendo, sin importar apellidos, rangos ni aristocracias; todo, con la ley en la mano. Dignos sucesores de Séneca, los fiscales no se amilanaron ante nada y-como César-fueron, vieron y vencieron (…).  

Trayectoria 

El funcionario tiene más de 30 años de servicio en el Poder Judicial. Inició su carrera en 1990, como agente fiscal en San Carlos, Cartago, Nicoya, San José y Limón. En los últimos dos lugares, también se desempeñó como fiscal de juicio.  

Fue fiscal coordinador de la Fiscalía General y de la Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios y Corrupción. En el 2007 fue fiscal adjunto en el Primer Circuito Judicial de San José, a cargo de las Unidades Especializadas de Fraudes, Delitos Varios y Delitos contra la Vida.  

Entre el 2007 y el 2015, fue miembro de la Red de Cazadores de Corrupción (Corruption Hunter Network), de la Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo.   

En el 2010 se convirtió en fiscal adjunto 2 de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, despacho encargado de asumir investigaciones de delitos contra la función pública y en el 2016 fue nombrado en el puesto de fiscal adjunto 3, como subjefe del Ministerio Público.   

En este cargo, desde el 2017 le ha correspondido representar a la Fiscalía General en los distintos procesos del Comité Plenario de la Convención sobre la Ciberdelincuencia, conocido como Convenio de Budapest.