Red Interinstitucional de Transparencia

Plan Nacional

 

Sobre el plan

El proyecto consiste en un plan nacional estratégico para el fomento, desarrollo y sensibilización en materia de transparencia y rendición de cuentas en el Ministerio Público, dentro del marco de sus competencias, que estará bajo la rectoría de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (en adelante FAPTA). Dicho instrumento está diseñado para atender dos objetivos fundamentales:

  1. Brindar apoyo a las fiscalías del país en la implementación de lineamientos, protocolos y herramientas propios de una gestión apegada a los principios y desarrollos contemporáneos en materia de  transparencia y rendición de cuentas;
  2. Informar y rendir cuentas a la población en general sobre los enfoques, temas y resultados de la labor que este órgano realiza en materia de lucha contra la corrupción; 3) lograr el acercamiento con la ciudadanía y organizaciones en general para su participación dentro de los procesos de transparencia y rendición de cuentas.
Información sobre el Plan Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas

Justificación del Proyecto

Este proyecto encuentra sustento en la tradición republicana y democrática por la cual se decantó Costa Rica desde 1949, que ubica a las personas como eje central de todo el sistema político. A partir de esta perspectiva, se desprenden una serie de obligaciones públicas y, de derechos para los y las ciudadanas de la nación. La eficacia de estas garantías institucionales, sólo puede ser posible a través de un aparato estatal moderno, dotado de herramientas, mecanismos y normas efectivas que tornen viable la prestación del servicio que éste brinda para atender las necesidades y requerimientos de la colectividad, ello con el propósito de robustecer el vínculo existente entre el Ministerio Fiscal y todos los sectores sociales.
 
Los principios de respeto a la legalidad y a la dignidad de la condición humana de sus habitantes, son pilares de esta visión en un momento histórico de cambios profundos, entre ellos, un aumento en los índices de criminalidad y las formas en que este fenómeno se presenta como, por ejemplo, narcotráfico, lavado de activos, delincuencia organizada y corrupción en las instituciones, entre otras.

El Estado se encuentra conminado a transparentar a las comunidades, la forma en la que ejerce sus potestades y la manera de gestionar sus recursos. Así, conforme lo exige la Carta Fundamental en sus numerales 9 y 11, que reconoce como cualidades de la Administración su carácter soberano, participativo, popular, representativo, alternativo, responsable, pluricultural y multiétnico. La noción de rendir cuentas está incorporada a lo interno de la estructura organizacional del Ministerio Público, y de los deberes que deben observar sus funcionarios y funcionarias, en virtud de sus competencias, con ocasión de los intereses colectivos que tutela.
Este mandato se ve reforzado por instrumentos internacionales como: la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción y la Convención Interamericana Contra la Corrupción, que destacan el papel decisivo del Poder Judicial en la lucha contra la corrupción y la necesidad de adoptar medidas para reforzar la integridad y evitar las oportunidades de corrupción así como la importancia de que se promuevan políticas inclusivas de la sociedad civil, que reflejen la debida gestión de los asuntos públicos por medio de la participación ciudadana.

Con vista en las regulaciones establecidas por el marco jurídico existente, es que la Fiscalía General de la República dispuso según Circular 03-PPP-2010, la creación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), la cual tiene como atribuciones, no sólo la tramitación de causas penales de alto perfil atinentes a delitos funcionales de acuerdo a los parámetros delimitados en el Memorandum FAPTA-01-2011 en consonancia con la Circular 36-2003 de la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia denominada Reglas prácticas para la aplicación de la Ley de Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública, sino también “establecer las políticas de transparencia activa y pasiva” y como su misión, “fomentar la transparencia, probidad y buenas prácticas en el Ministerio Público” (Páginas 10 y 11, Circular 03-PPP-2011), de ahí que la propuesta del Plan Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas que aquí se presenta, emana de estos principios y marco institucional, cuya ejecución a lo interno del Ministerio Público ha sido encomendada a FAPTA, reconociendo la importancia de contraer un compromiso serio en la generación de medios idóneos para acercar la ciudadanía al servicio que presta, en procura de potenciar la confianza de la sociedad costarricense en la institución. La Resolución 13-2017 de la Fiscalía General de la República sustenta esta misión por medio de la reestructuración de la Columna de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y la creación del Área de Transparencia, sede que organizará y supervisará las rendiciones de cuentas garantizando la participación de la comunidad en el mejoramiento de la seguridad ciudadana.

Objetivos del Proyecto

Objetivos del proyecto
Objetivo General
Diseñar e implementar una estrategia sostenible e integrada que coadyuve a la contención de la corrupción, a través de la transparencia y rendición de cuentas en el Ministerio Público en su conjunto, dentro del marco de su competencia, que favorezca la difusión de las acciones que éste desarrolla y permita un mayor y mejor vínculo entre la institución y la ciudadanía.