• Un total de 2.467 personas fueron capacitadas en el año anterior.

UCS. La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) presentó los resultados de su trabajo del 2024, durante un acto de rendición de cuentas. La actividad se realizó el 23 de mayo y convocó a personal de la institución, el Poder Judicial en general, academia, así como representantes de instituciones públicas y privadas.

Las palabras de apertura las realizó el magistrado de la Sala Penal, Gerardo Rubén Alfaro, quien agradeció al MP por ser una institución que promueve y fortalece las rendiciones de cuentas en todas sus fiscalías y resaltó la importancia de esos espacios.  “Constituyen un mecanismo para prevenir la corrupción e instaurar una cultura institucional basada en la probidad e integridad ética que debe prevalecer en el funcionariado, destacó.

“El MP tiene una labor fundamental para defender la democracia y tiene que hacerlo de la mejor manera y para que se realice, se necesita personal comprometido y capacitado, bien formados, ya que no se pueden enfrentar a una causa compleja, sino se tiene buena formación”, añadió.

El fiscal general, Carlos Díaz Sánchez, también estuvo presente en la rendición de cuentas y señaló que la UCS, como oficina rectora en capacitar al personal del MP, tiene que impartir formaciones que le permita al personal ser mejores profesionales.

Durante su intervención, también solicitó a la Unidad que se incluyan temas en liderazgo y nuevas tecnologías, contenidos que refuercen la labor de las personas funcionarias.

“En relación con el proyecto de descongestionamiento, esta Unidad ha venido colaborando con las diferentes fiscalías del país y el buen resultado que tuvo el MP el año anterior en la resolución de los casos, fue gracias a la intervención de esta Unidad”, mencionó también.

El jerarca se refirió al proyecto de Supervisión, el cual coadyuvará en mejorar el desempeño del ente acusador y detectar aquellas áreas que deberán de ser fortalecidas con acciones académicas.

Resultados. Los datos del trabajo de la UCS fueron expuestos por un grupo de profesionales que laboran en las áreas de Capacitación, Supervisión, Reclutamiento y Selección, Proyecto de Descongestionamiento.

Asimismo, se presentaron proyectos que, por su temática, permitieron coordinar esfuerzos para mejorar la atención de personas usuarias (internas y externas) y lograr un sistema de gestión de calidad que opere de manera eficiente y transparente en la UCS.

Con respecto al Área de Capacitación, se detalló que se llevaron a cabo 121 procesos formativos, que comprendieron cursos y talleres. La cantidad total de cupos en acciones formativas fue de 2.467, es decir, se capacitaron a 1.366 fiscales y fiscalas, y a 1.101 personas de otros puestos.

Otra área que cumplió su objetivo fue la de Supervisión, ya que culminó el año con el 100% de las supervisiones programadas, las cuales se realizaron en las fiscalías de La Unión, Tarrazú, Puntarenas, Puerto Jiménez, Golfito, Alajuela, Quepos y Parrita.

La finalidad de las supervisiones consiste en la mejora de la calidad del servicio público que se brinda, mediante la estandarización de los procesos en todas las fiscalías del país.

De acuerdo con el Proceso de Reclutamiento y Selección, la convocatoria 2023-2024, 168 personas realizaron el examen escrito para ocupar puestos de fiscal, de las cuales, 23 de ellas aprobaron el proceso completo.

Mediante la convocatoria 2024-2025, que aún se encuentra vigente, 152 personas matricularon el examen oral, pero solo 118 oferentes aprobaron la prueba.

El año anterior, el Programa de Descongestionamiento y Resolución de Rezago abordó 4.619 expedientes gestionados en condición de rezago y 6.582 de contingencia, tramitando un total de 11557 causas.

De ese total, 8.567 causas finalizaron con los respectivos actos conclusivos.

Otros temas que fueron destacados en la rendición de cuentas correspondieron a proyectos como el juego didáctico “¿Conozco mis derechos?”, dirigido a la población menor de edad indígena; Mesas de trabajo, el cual permitió coordinar esfuerzos para mejorar la atención de personas usuarias migrantes, refugiadas o apátridas, mediante actividades de capacitación, elaboración de material informativo, entre otros.

Durante la exposición, se señaló que, en noviembre del 2024, la UCS fue sometida al proceso de verificación, por CEGECA, para optar por la reacreditación en ambos sellos, logrando obtenerlos con una calificación de 100.

Sobre el proyecto de Sistematización de Circulares del MP, se orientó a elaborar los parámetros atinentes para diagnosticar el estado actual, la eficiencia, utilidad y conformación del registro de circulares, y como resultado se identificaron aproximadamente 524 circulares, y la entrega de productos de diagnóstico y metodología.

Por último, el Proyecto de Supervisión de Sentencias examinó un aproximado de 145 fallos (orales y escritos), así como las resoluciones posteriores que anularon o confirmaron dichas sentencias, esto con la finalidad de valorar las buenas prácticas y oportunidades de mejora en la labor fiscal.

La fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, comentó que los resultados obtenidos en el 2024 se debieron al trabajo en equipo y compromiso del personal que conforma la Unidad, además que los proyectos son herramientas útiles para el MP, ya que buscaron una labor efectiva para la institución.

“Estamos atentos a la mejora y continuamos con la labor de fortalecer las capacidades de todo el personal del MP, para que puedan desarrollar un trabajo eficiente y continuar ofreciendo un servicio público de calidad, que respete y valore los derechos de la población”, resaltó Valverde.

Durante el evento, se contó con la presentación de la actriz Andrea Valerín Arroyo, quien a través de su interpretación con el personaje “Chencha”, resumió la labor fundamental que realiza la UCS.

Antes de concluir la actividad, personas invitadas comentaron experiencias que han tenido con la UCS, el aporte en el ámbito académico y las necesidades de futuras capacitaciones en temas de interés. 

Del 01 de abril al 20 de mayo, se realizó la actividad formativa “Especialización Competencial en Delincuencia Organizada para personal de apoyo y profesional de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito del Ministerio Público”, en la cual participaron 17 personas funcionarias de oficinas de todo el país. 

La formación, organizada por la Unidad de Capacitación (UCS) y Supervisión del Ministerio Público (MP), tuvo como propósito desarrollar competencias especializadas que le permitan a las personas participantes adquirir los conocimientos, fortalecer habilidades y poner en práctica las actitudes necesarias, para la representación del MP en todas las fases del proceso penal de los casos de delincuencia organizada.

Este espacio formativo tuvo una duración de 92 horas y se realizó de manera bimodal, es decir, conjugando actividades virtuales sincrónicas (vía Microsoft Teams), asincrónicas por medio de la plataforma Moodle, así como presenciales.

El fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada, Christian Quirós Alfaro, destacó que, “debemos ser conscientes de que el país nos necesita, la sociedad hoy más que nunca requiere una respuesta más que oportuna ante la actividad criminal que nos aqueja y en especial la necesidad de combatir el crimen organizado; por eso el compromiso, la responsabilidad, la honradez y la probidad que debemos tener desde el momento en que decidimos formar parte de esta fiscalía especializada es muy grande, para evitar defraudar al sistema judicial y al pueblo de Costa Rica.  Debemos trabajar muy fuerte para dejarle un país mejor a las futuras generaciones y parte de ello es especializarnos y ampliar el conocimiento en estos temas”.

La fiscala de la UCS, Mayela Pérez Delgado, tuvo a cargo uno de los contenidos de la capacitación, específicamente el de conflictos de interés, por lo que recalcó que la normativa contenida en el Reglamento Regulación para la Prevención, Identificación y la Gestión adecuada de los Conflictos de Interés en el Poder Judicial brinda las herramientas necesarias para que cada persona funcionaria pueda reconocer y prevenir estas situaciones.

“Es importante tener presente que debemos cumplir con las funciones que nos han sido conferidas por Ley, teniendo como norte la satisfacción del interés público, apegados a la Constitución Política y a la ley”, señaló.

UCS. La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) desarrolló, el 19 de mayo, la actividad formativa “Prisión Preventiva y Medidas Cautelares”, con la participación de 24 personas funcionarias de todo el país. La actividad se realizó bajo modalidad presencial, en el Auditorio Memorial de la UCS.

Este espacio brindó a las personas participantes herramientas para la aplicación efectiva de la prisión preventiva y de las medidas cautelares, con la finalidad del aseguramiento procesal y la aplicación de la ley.
El equipo facilitador estuvo conformado por la fiscal adjunta de la UCS, Karen Valverde Chaves, y el fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada, Pablo Jiménez Trejos.

El fiscal señaló que “este tipo de actividades permiten el intercambio de experiencias y de establecer líneas uniformes por parte de los representantes del Ministerio Público, en las peticiones de medidas cautelares ante las autoridades jurisdiccionales. Además, de generar conciencia en el respeto de los derechos fundamentales de las partes del proceso penal, basados en los principios de objetividad y legalidad”.

Por su parte, la jefa de la UCS recalcó que, “como fiscales del Ministerio Público, estamos en la obligación, apegados al principio de objetividad, a determinar la necesidad o no, de solicitar medidas cautelares en contra de las personas imputadas dentro de un proceso penal, para garantizar de alguna manera las resultas del proceso, realizando un análisis crítico y lógico de los presupuestos exigibles por nuestra normativa y de las condiciones propias de las partes involucradas. De este modo, nos aseguramos de que el proceso logre continuar hasta su fin, y que las partes tengan una respuesta efectiva por parte del Estado”.

UCS. Un total de 13 personas funcionarias del Ministerio Público (MP) participó de la actividad académica presencial “Estrategias para la entrevista forense con víctimas de violencia sexual y violencia doméstica penalizada, uso de Cámaras de Gesell”, la cual fue coordinada por la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS). Esta se realizó en los Tribunales de Justicia de Puntarenas, del 12 al 14 de mayo.

La capacitación tuvo como propósito dotar al personal profesional y fiscal del MP, encargado de la atención de víctimas de delitos sexuales, violencia doméstica y especialmente en los incluidos en la Ley de Penalización de Violencia contra las mujeres, de las mejores técnicas de actuación en la atención de las personas menores y mayores de edad, investigación de los delitos, así como, la implementación de los nuevos modelos de trabajo utilizados en el Poder Judicial.

El equipo facilitador estuvo conformado por la fiscala Adjunta de Género, Debby Garay Boza, y la jefa a.i. de la Sección de Psicología del Poder Judicial, Anneth Arroyo Sánchez.

“Este espacio permitió a profesionales del Ministerio Público, de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima y del Departamento de Trabajo Social y Psicología, fortalecer sus competencias para la atención de personas víctimas, garantizando entrevistas empáticas y ajustadas al protocolo de entrevista de NICHD (entrevistas forenses para niños víctimas de abuso sexual y entrevistas para la investigación general)”, destacó la jefatura de la Fiscalía de Género.

Garay manifestó que la formación abordó temas sobre la importancia del uso adecuado de la Cámara de Gesell como herramienta clave para proteger la integridad de las personas entrevistadas y asegurar la validez del testimonio en el ámbito penal, así como otros usos en distintas diligencias judiciales, en atención al compromiso institucional con la formación del personal en temas del respeto a los derechos humanos.

Arroyo, por su parte, recalcó que el curso buscaba fortalecer las habilidades de las personas profesionales en la atención de víctimas de violencia sexual y violencia doméstica penalizada, brindando herramientas especializadas para la correcta realización de entrevistas forenses, con énfasis en el uso de cámaras de Gesell, un recurso clave para garantizar un entorno seguro y evitar la revictimización de las personas afectadas.

“La participación en este curso reafirma el compromiso del personal judicial con la formación de profesionales altamente capacitados en la defensa de los derechos de las víctimas y la implementación de prácticas que garanticen justicia y protección”, enfatizó.

Para el desarrollo de la capacitación, se brindó a las personas participantes elementos teóricos y ejercicios prácticos a las personas participantes, para que faciliten y potencien el uso de técnicas de entrevista tendientes a la disminución de la victimización secundaria, haciendo uso del equipo de grabación instalado en los Circuitos Judiciales del Poder Judicial.

La Oficina de Defensa Civil de las Víctimas (ODCV) presentó, el 30 de mayo, un informe sobre el resultado de sus labores en el 2024. La actividad tuvo lugar en el Salón Memorial del Ministerio Público (MP), ubicado en la Unidad de Capacitación y Supervisión, San José. 

El evento convocó a representantes de instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, jefaturas del MP, a personal profesional y administrativo de dicha oficina, así como personas ciudadanas.

La fiscala adjunta de la ODCVD, Ana Daisy Quirós Barrantes, expuso los resultados estadísticos, donde destacó la cantidad de 2.424 casos terminados; 3.836 señalamientos atendidos a nivel naciones, así como la presentación de 1.532 acciones civiles y ocho sucesiones.

“Acercándose a la comunidad, mediante un acto de transparencia, expusimos el resultado de las labores realizadas durante el período 2024.  Se hizo énfasis en la empatía al momento de representar a las personas víctimas que procuran una compensación económica producto del daño y secuelas que les ocasiona el delito, además del compromiso en la búsqueda del efectivo resarcimiento” afirmó.

Por su parte, el abogado coordinador de la Unidad de Ejecución de la Sentencia Civil, Andrés Villavicencio Arroyo, detalló que se contabilizaron 72 demandas de ejecución, en representación de las personas víctimas actoras civiles.

El funcionario destacó la importancia de informar, justificar y responsabilizar a la oficina de la gestión que realiza, lo que le permite mejorar diariamente.

La coordinadora de la Unidad de Gestión Financiera y Administrativa, María Isabel Argüello Carvajal, se refirió a los resultados económicos, tanto en procesos ordinarios como en ejecución de sentencia civil, además, sobre la ejecución presupuestaria de la Oficina.

“La rendición de cuentas es un acto que permite generar una relación cercana y de confianza con funcionarios y funcionarias de instituciones públicas o privadas, así como la ciudadanía en general. Es grato para la Unidad de Gestión Financiera y Administrativa, informar los resultados económicos de interés público período a período con transparencia y alto compromiso”, destacó.

Otros datos. Durante el 2024, la ODCV logró, por liquidación, en compensación al daño en la etapa penal para las personas actoras civiles, un total de ¢4,618,593,514.41, de los cuales ¢1,741.601.140.25 fueron efectivamente recibidos por estas.

Además, por los procesos en etapa de ejecución de sentencia civil, las personas actoras recibieron un total de ¢45,853,277.03.

La jefatura de la ODCV, recalcó las acciones realizadas durante el año, para mejorar el servicio que brinda la oficina, como las capacitaciones, divulgación de servicios, atención de poblaciones en vulnerabilidad, y la promoción de reformas legales en el artículo 40 del Código Procesal Penal y el artículo 35 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, para la protección de los derechos de la persona usuaria.

Para mayor detalle de los contenidos expuestos, puede ingresar al Informe Anual 2024 de la ODCV, por medio de la siguiente dirección: https://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/