Cinco despachos del Ministerio Público rindieron un informe sobre el trabajo realizado durante el 2023. Se trató de las fiscalías adjuntas Anticorrupción; Delitos Económicos; Legitimación de Capitales y Fraudes, así como la Unidad de Cibercrimen.

El jueves 1 de agosto, en el auditorio Eduardo Ortíz, del Colegio de Abogados, decenas de personas asistieron a la presentación de los resultados, que se expusieron mediante tres bloques en los que se analizó el fenómeno criminal, se conoció el trabajo articulado con distintos cuerpos policiales y se enfatizó en las áreas de mejora que implementa cada oficina para mejorar el servicio público.

Durante el espacio, el fiscal general, Carlo Díaz, expuso una serie de estadísticas sobre el desempeño de cada oficina, en la que mostró los casos ingresados, las acusaciones realizadas y la tasa de resolución.

En la actividad, la fiscal adjunta de la Fiscalía Anticorrupción, Natalia Villalta, recalcó la necesidad de que la población no normalice los delitos de corrupción, y señaló que la oficina ha realizado importantes esfuerzos para cumplir con los lineamientos de la Convención para Combatir el Cohecho, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico.

Por su parte, la fiscal adjunta de Delitos Económicos, Criss González, informó que los ilícitos con mayor incidencia son el contrabando de cigarrillos, las defraudaciones fiscales y los fraudes a la Hacienda Pública. Como parte del trabajo realizado, la funcionaria destacó la acusación de dos casos de fraude, como lo son los expedientes conocidos mediáticamente como "Yanber" y "Aldesa".

En materia de estafas, el fiscal adjunto, Carlos Meléndez, llamó la atención por el aumento de fraudes registrales o inmobiliarios, que se dan con la participación de notarios, así como las estafas de inversión por medio de redes sociales.

Esteban Aguilar, fiscal coordinador de la Unidad de Cibercrimen, destacó que las estafas informáticas y las suplantaciones de identidad son los delitos que con mayor frecuencia ingresan a ese despacho, y afirmó que, por el tipo de delincuencia, resulta más apropiado su prevención que su represión, puesto que las pérdidas para las víctimas son cuantiosas.

En cuanto a retos para desempeñar la labor fiscal, el fiscal adjunto de legitimación de capitales, Warner Molina, mencionó que, en su caso, el desafío es enlazar el origen de la riqueza aparentemente ilícita con el delito previo que la generó. Dijo que la prueba que se recaba en este tipo de delincuencia es indirecta, de manera que requiere de un profundo análisis de parte de los jueces.

Además, Molina destacó que en su despacho se ha logrado que más de $8 millones, así como propiedades de alto valor pasen a las arcas del Estado, mediante la figura administrativa de capitales emergentes.

La actividad cerró con un bloque de preguntas del público, que fueron contestadas por los panelistas.