- Esfuerzo permitirá hacer mejores investigaciones y evitar errores en la tramitación de ese tipo de casos.
UCS, 04 de diciembre del 2019. Durante casi cuatro meses, el quipo de la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público y el fiscal adjunto ambiental, José Pablo González Montero, trabajaron en la actualización de las políticas de persecución penal en delitos ambientales, así como en la creación de políticas para las nuevas leyes y sus reformas. Con ello, se plantea conocer las pautas a seguir en los casos que corresponden a investigaciones relacionadas con temas ambientales.
Previo a su implementación, se llevó a cabo el taller “Validación de las políticas de persecución de los delitos ambientales”, el cual reunió a la fiscala general de la República, Emilia Navas Aparición, así como a los Fiscales Adjuntos y Fiscalas Adjuntas de todo el país, y al personal de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental. Con esta actividad, la jerarca del Ministerio Público deberá aprobar el trabajo elaborado por el equipo asignado para esta tarea.
“Este es un instrumento muy valioso, pero pierde su valor si no se estudia. El secreto está en darle uso en los casos que ustedes tramitan en las diferentes Fiscalías; como jefaturas deben asegurarse de que sus equipos de trabajo lo estudien y también lo pongan en práctica”, mencionó la Fiscala General.
Por su parte, el Fiscal Adjunto Ambiental manifestó que, la uniformidad en la aplicación de las leyes ambientales y sus procedimientos, en todo el país, es esencial para la justicia ambiental, es por ello que las políticas emitidas por la Fiscala General son de aplicación obligatoria para todas las instituciones que investigan y tramitan delitos ambientales.
“La políticas abarcan temas tan importantes como las técnicas de investigación, la solicitud de medidas restaurativas del ambiente, la eficiencia en la realización de pericias ambientales, la correcta dirección funcional, las salidas alternas y, en general, brindan la interpretación oficial de los elementos de cada delito que se acusará”, añadió González.
Trabajo articulado. Para concluir con la elaboración de estas políticas, se requirió del apoyo de 50 personas funcionarias del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el Ministerio de Ambiente y Energía, el Instituto Costarricense de Pesca y Agricultura, la Procuraduría General de la República, entre otras.
Se realizaron siete talleres, en los que se abordaron temas relacionados con la minería, pesca, acuicultura, humedales, vida silvestre, zona marítimo terrestre, gestión de residuos, protección de aguas, materia forestal y delitos culturales. De esa manera de logró obtener aportes importantes para lograr un trabajo articulado en la persecución de delitos contra el ambiente.
“El contar con políticas de persecución claras prácticas y accesibles permite fomentar el conocimiento de las técnicas adecuadas de investigación e interpretaciones de la ley y la jurisprudencia, lo cual es de suma importancia para prevenir errores en la tramitación, investigación y acusación de los delitos ambientales. También, promueve la transparencia y responsabilidad de las personas operadoras jurídicas, mediante lineamientos claros de política de persecución que, además, empoderen a la sociedad civil para exigir la adecuada investigación y acusación de estos delitos”, enfatizó la fiscala adjunta de la UCS, Mayra Campos Zúñiga.
Según el fiscal González, el conocimiento de esta políticas, por parte de las instituciones vinculadas y de la sociedad civil, ha sido y será clave para lograr, en primer lugar, la protección del ambiente, y en segundo lugar, una serie de condenas que disuadan a otros de cometer nuevos delitos.