UCS. Durante los días 08, 22 y 29 de agosto, la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) impartió a todo el personal fiscal especializado en materia penal juvenil el curso “Jornadas de Derecho Penal Juvenil Especializado 2024”, cuyo objetivo fue actualizar los conocimientos de las personas funcionarias y desarrollar competencias para un mejor abordaje de casos en todas las fases del proceso penal. Este equipo de trabajo labora bajo el liderazgo de la fiscala adjunta de Penal Juvenil, Gabriela Alfaro Zúñiga.
En la primera jornada, las facilitadoras Annette Arroyo Sánchez y Deborah Rivera Romero, funcionarias del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial, expusieron sobre el desarrollo neurológico de niñas, niños y adolescentes, así como, los contenidos y alcances de las pericias psicosociales emitidas por dicha oficina.
El segundo día de la actividad se contó con la visita de Johanna Ramírez Chacón, fiscala auxiliar de la Unidad de Cibercrimen del MP, quien compartió su amplia experiencia en el abordaje de este tipo de casos y también en delitos ordinarios con evidencia digital.
El curso finalizó con una charla magistral de Gustavo Nájera Picado, fiscal coordinador de Narcotráfico y Delitos Conexos, quien ahondó el proceso de solicitud y trámite de intervenciones telefónicas y su aplicación en materia penal juvenil.
Hazel Castrillo Quirós, fiscala penal juvenil de Pérez, comentó que este tipo de actividades de capacitación son sumamente enriquecedoras para el personal fiscal. “Nos dan insumos actualizados para afrontar los delitos con que nos afrontamos y así poder darle un servicio de calidad a las personas usuarias”, indicó.
Por su parte, Edgar Barquero Ramírez, gestor de la UCS, consideró que, ante los retos que conlleva el combate de la criminalidad penal juvenil, es indispensable desarrollar actividades educativas con temas novedosos y atractivos para el personal, por ejemplo, neurociencia, cibercrimen y delitos relacionados con estupefacientes, desde una perspectiva práctica y siempre transverzalizando los derechos y deberes de las personas menores de edad víctimas u ofensoras, sus familias y la comunidad.