UCS. La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP), en conjunto con la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental y la organización Humane Society International (HSI), desarrolló el curso “Especialización en Derecho Penal Ambiental”, en el cual participaron 22 personas funcionarias judiciales, entre ellas personal fiscal, de la judicatura y del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

El curso abordó temas relacionados con las políticas de persecución penal en materia ambiental, la Ley de Conservación de Vida Silvestre, la Ley para la Gestión Integral de Residuos, la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, así como la pesca ilegal, el recurso forestal, entre otros.

El espacio académico procuró sensibilizar a las personas participantes y dotarlos de herramientas que les permitan investigar los delitos ambientales, de conformidad con la normativa nacional e internacional vigente, haciendo un manejo sistemático de los hechos, las pruebas y el derecho.

Para José Rafael Bolandi Piedra, juez penal de Turrialba, el curso constituye una capacitación sumamente completa, integral y rica en detalles. “Amalgama perfecta para un conocimiento adecuado, que debería de hacerse llegar cada día más a cada una de las personas que de una u otra manera tiene algún roce con los temas vistos, para que así se puedan tomar decisiones que realmente generen un impacto positivo y se forje la consciencia para proteger los bosques, especies marinas y terrestres”, enfatizó.

Asimismo, el funcionario Alonso Castro Umaña señaló “el curso se imparte desde un punto de vista de concientización, es brindado por expertos expositores en cada materia, de diferentes instituciones, nacionales e internacionales, que en conjunto con la práctica en clases y de campo, permite interiorizar y absorber mejor el conocimiento. Desde mi función como fiscal auxiliar, aprendí a identificar la amplia gama de delitos ambientales tipificados en nuestro ordenamiento, su abordaje, los requisitos de los diferentes tipos penales, contactos importantes de otras instituciones, entre otros aprendizajes”.

Finalmente, José Pablo González Montero, fiscal adjunto de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental dijo que “es impresionante el impacto que, a simple vista, se puede percibir de este curso de especialización en derecho penal ambiental, por el simple hecho de que se diseñó pensando en crear una experiencia vital interactiva y no sólo entregando un cúmulo de teoría. Es así como, se puede ver a las personas fiscales, juezas, investigadoras y funcionarias del MINAE, buscando promover un cambio en sus propios ambientes y áreas de trabajo, con una nueva visión e internalización de esta importante materia”.

La capacitación se desarrolló durante agosto e inicios de setiembre del presente año, en las instalaciones de la UCS y contó con dos giras de campo en las localidades de Puntarenas y en la Fortuna, San Carlos.

La gestoría del curso fue realizada por Ana María Franceschi Segura, fiscal auxiliar de la UCS, quien indicó que estos espacios de capacitación resultan importantes, pues tienen como resultado personas funcionarias debidamente capacitadas para el manejo de las investigaciones, acusaciones y el juzgamiento de casos de alto impacto para el país, como lo son en la materia ambiental.

Este esfuerzo académico se realizó como parte de un proyecto financiado por la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley de los Estados Unidos de América (INL por sus siglas en inglés) y administrado por HSI Latinoamérica, con el propósito de mejorar la capacidad de Costa Rica, en el combate contra el tráfico de vida silvestre.