UCS. La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) y la Fiscalía Adjunta de Justicia Restaurativa organizaron el curso “Introducción a la Justicia Restaurativa 2024”, con la intención de desarrollar las competencias y conocimientos del personal y promover la sensibilización sobre la importancia de aplicar el procedimiento de Justicia Restaurativa.

En la actividad que se desarrolló los días 9, 16, 23 y 30 de agosto, en forma bimodal, con el cual se analizó este proceso complementario al proceso penal ordinario y las alternativas de participación conjunta de las personas interesadas en el conflicto, para que construyan de manera integral una efectiva reparación del daño y promover así la paz social.

La participante Carol Madrigal González refirió que, desde su perspectiva de técnica judicial, con estas herramientas logró incrementar sus conocimientos sobre los requisitos de admisibilidad y viabilidad de los casos, comprender mejor el trabajo colaborativo de varias entidades y visualizar las tareas de seguimiento estricto a los compromisos pactados. “Este procedimiento fomenta la paz social e invitó al personal de la institución a matricularlo en futuras ediciones”, agregó.

El fiscal auxiliar Ovidio González Cruz resaltó la importancia de la actividad formativa, pues, históricamente, el personal fue formado con el resabio de que el MP tenía que ser siempre un ente implacable que no promoviera salidas alternas, sino que asegurara juicios y consecuentes condenas.

“Al haber recibido la capacitación, pude constatar la capacidad técnica y humana del personal que trabaja en esta materia y que muchas ocasiones resulta más provechosa para las partes la aplicación de la justicia restaurativa que una condena, sobre todo cuando la comunidad puede participar activamente en la solución”, enfatizó.

Por su parte, el equipo facilitador y fiscal especializado integrado por Christopher Medina Núñez, Mariela Alvarado Otárola y Fabián Madrigal Méndez, así como las personas gestoras Priscilla Elizondo Hernández y Edgar Barquero Ramírez, reafirmaron el compromiso institucional para promover la capacitación y la búsqueda de nuevos modelos de intervención jurídico-penal que repercutan en nuevas formas de solución de los conflictos sociales.