UCS. La Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público, en conjunto con la Fiscalía Adjunta Ambiental, la Conservación Internacional-Costa Rica (CI-CR) y el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos de América, ejecutó el curso “Fortalecimiento de las capacidades institucionales para desincentivar la pesca ilegal y mejorar la respuesta operativa y de cumplimiento de la normativa pesquera nacional en el Golfo de Nicoya y Caribe".

En la actividad participaron 17 personas funcionarias públicas, entre ellas personal fiscal, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y Guardacostas.

El curso abordó temas relacionados con la normativa internacional aplicable al contexto de la pesca y conservación de recursos marinos en el Golfo de Nicoya / Caribe, la situación actual de dichos recursos y el impacto de la pesca en el área, entre otros.

Doyle Delgado Androvetto, fiscal auxiliar de Santa Cruz, indicó que “la pesca ilegal prohibida o no permitida, ha impactado negativamente a pequeña, mediana y gran escala, los recursos marítimos y la población pesquera, sobre todo a aquellos pescadores artesanales que obtienen su sustento de forma legal gracias a esta labor y, a quienes esta delincuencia, ha venido a cercenar el acceso a dichos recursos marinos”.

“Estos cursos son muy importantes pues para la población judicial, el Servicio Nacional de Guardacostas y otros cuerpos policiales, es sumamente necesario tener conocimiento de la forma correcta de abordar estos delitos, para poder dar una respuesta más efectiva, defender los recursos pesqueros y darle un aprovechamiento correcto, a los mismos”, destacó.

La participante Lara Anderson Rana, funcionaria del SINAC, afirmó que “la capacitación sobre el manejo adecuado de situaciones relacionadas con la pesca ilegal nos brindó un valioso aprendizaje, especialmente en el perfeccionamiento de nuestros procedimientos. Para nosotros, como personas funcionarias del SINAC, esta experiencia ha sido especialmente enriquecedora, al permitirnos interactuar directamente con el personal fiscal. Este intercambio nos facilitó un análisis más profundo de los casos complejos y nos preparó mejor, para enfrentar nuevas casos”.

Finalmente, el señor José Pablo González Montero, fiscal adjunto de la Fiscalía Adjunta Ambiental reseñó que, “una vez más, la UCS y la Fiscalía Ambiental, con el invaluable apoyo de la organización CI-CR, con quienes estamos muy agradecidos, al igual que con charlistas del Servicio Nacional de Guardacostas, logramos culminar otro curso de capacitación para distintos actores en el tema ambiental”.

El fiscal reconoció que la coordinación interinstitucional es uno de los temas más valiosos, por cuanto permite a las personas funcionarias de las distintas instituciones actuantes, el poder conocerse, comenzar nuevas alianzas y relaciones de trabajo, que facilitarán la investigación, acusación y juzgamiento de los delitos de la Ley de Pesca y Acuicultura que les corresponde gestionar.

La gestoría del curso fue realizada por Ana María Franceschi Segura, fiscal auxiliar de la UCS, quien señaló que estos espacios de capacitación resultan importantes, pues tienen como resultado personas funcionarias debidamente capacitadas para el manejo de las investigaciones, acusaciones y el juzgamiento, de casos de alto impacto para el país, como lo son aquellos que afectan nuestros recursos marinos.

La capacitación se desarrolló el 21 y 22 de noviembre, en el Hotel Puerto Azul, en Puntarenas.