El fiscal general, Carlo Díaz, asisitó a una reunión que convocó a miembros del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, con el fin de estudiar las estrategias que permitan combartir los hechos delicitivos que están afectado a las diversas comuninades del país.

El encuentro se desarrolló el 26 de febrero, en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa, con la participación del Presidente del Poder Ejecutivo, Rodrigo Arias; el Presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre; y de la Presidenta de la Sala III, la magistrada Patricia Solano; y el Director del OIJ, Randall Zúñiga.

Durante la mesa de trabajo, el jerarca del MP señaló la necesidad de aprobar las leyes que permitan extraditar a nacionales en casos de narcotráfico, regular la ejecución de la pena, fortalecer la función contencioso administrativo en materia de capitales emergentes y una reforma al Código Penal para eliminar la restricción horaria para hacer allanamientos.

Sobre la Ley de Ejecución de la Pena, el Fiscal General se refirió como un proyecto que es una deuda histórica con la población privada de libertad, ya que esta regulará legalmente las ubicaciones de las personas en regímenes abiertos y establece un procedimiento y los plazos para las audiencias.

Asimismo, en cuanto a la reforma constitucional para la extradición de nacionales en materia de tráfico internacional de drogas y terrorismo, y afirmó Díaz que es necesario ampliarlo a otras delincuencias y al crimen organizado en general.

Sobre ese tema, el fiscal adjunto de Fiscalía General, Mauricio Boraschi, señaló que la aprobación de esta ley marcaría un hito importante sobre la forma en la que se ha trabajado.

Como parte de la reunión, también se mencionó la necesidad de realizar reformas al Código Procesal Penal, en temas de aplicación de medidas alternas, participación del imputado de manera obligatoria en la audiencia preliminar, es decir, cuando la fiscalía solicita el auto de apertura a juicio, la resolución de protestas por actividades procesales defectuosas en fase intermedia y de uicio.

De igual manera se vio la necesidad de eliminar cuellos de botella, que permitarn agilizar las aperturas de evidencia física y digital, y la posibilidad para que el OIJ interrogue a imputados con fines de investigación, cuando sea necesario, especialmente con miras a descartar su participación en los hechos.