Con la conferencia “Desapariciones forzadas vinculadas a procesos de movilización humana, tráfico ilícito de personas migrantes y trata de personas”, la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público (MP) y la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (FACTRA), conmemoraron el Día Internacional contra la Trata de Personas. La actividad se realizó el 18 de julio.

El objetivo de la acción académica fue divulgar la Convección para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Ley contra la Desaparición forzada de personas de Costa Rica, vinculadas a procesos de movilización humana.

La apertura de la conferencia estuvo a cargo del fiscal adjunto a.i de la UCS, Edgar Barquero Ramírez, quien resaltó la importancia de capacitar al personal en estos temas que pretenden abordar la problemática de las desapariciones de las personas durante su trayecto migratorio, fenómeno que violenta gravemente los derechos humanos, además de fortalecer conocimientos sobre esta problemática para un adecuado abordaje en las investigaciones y efectiva aplicación de instrumentos nacionales e internacionales.

Para el desarrollo de la actividad, se contó con las intervenciones de la fiscal adjunta de la FACTRA, Eugenia Salazar Elizondo y el jurista mexicano Mario Lendechy Izquierdo, especialista en Derechos Humanos, quien, por medio de la plataforma Microsoft Teams, expuso su ponencia.

De acuerdo con Lendechy, la desaparición forzada es considerada una violación grave de derechos humanos y en casos generalizados o sistemáticos constituye un crimen de lesa humanidad, así mismo, indicó que los factores que contribuyen al aumento de las desapariciones es la falta de investigaciones efectivas y la impunidad en estos casos que permiten que estos delitos continúen, ya que las personas responsables no son procesadas.

El expositor resaltó información relevante que mencionó cómo se pueden prevenir las desapariciones forzadas, las cuales son: la protección de personas vulnerables, la capacitación de las autoridades, la garantía de acceso a la justicia, la promoción de la participación ciudadana, el fortalecimiento de los mecanismos de búsqueda y localización de personas desaparecidas y, garantizar la reparación y la no repetición de dicho delito.

Por su parte, la fiscal adjunta comentó sobre los distintos instrumentos internacionales que se refieren a la desaparición forzada, entre ellos: Convención internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada (Ley 9005), Convención interamericana sobre la desaparición forzada de personas (O.E.A 1994), Ley contra la desaparición forzadas de personas (Ley 10534) y el Protocolo nacional obligatorio de alerta y rápida acción frente a la desaparición o no localización de una mujer mayor de edad (Ley n°10722).

Con respecto a la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes explicó la legislación nacional referente a dicho delito, de los cuales se encuentran: Código Penal (art. 172), Ley 8764-Ley General de Migración y Extranjería (artículos 249 y 249 bis) y la Ley 9095, Creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas.

Sobre las sanciones penales del delito de trata de personas, Salazar indicó que la prisión va de 6 a 10 años cuando el tipo penal es simple y de 8 a 16 años, cuando es agravante.

Al finalizar las ponencias, se abrió un espacio de consultas, el cual permitió que las personas participantes tuvieran una retroalimentación de los contenidos expuestos.

La actividad se realizó en el Auditorio de la UCS y participó personal del MP, del Organismo de Investigación Judicial, de la Secretaría Técnica de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, de la Estructura de Recepción e Integración (ERI), Comisión Técnicas Permanentes y la Policía de Migración del Ministerio de Seguridad Pública.