En cumplimiento al proceso de transparencia y fortalecimiento institucional, las Fiscalías Adjuntas Alajuela, San Carlos y San Ramón presentaron su informe de rendición de cuentas correspondiente al período 2024.
La mesa de diálogo y la presentación de resultados se realizó con la participación de los fiscales adjuntos de esos despachos, José Alejandro Araya Vargas, Luis Enrique Quesada Vargas y Fernando Arguedas Rojas, respectivamente.
La actividad se llevó a cabo el 14 de agosto en el auditorio de la Universidad Técnica (UTN), ante representantes de Fuerza Pública, gobiernos locales, Policía Penitenciaria, Organismo de Investigación Judicial (OIJ), sociedad civil y otras instituciones, así como personal del Ministerio Público.
El fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, expuso un balance estadístico que destacó el desempeño positivo de estas oficinas, resaltando la importancia de concluir más expedientes de los que ingresaron durante el año, lo cual representa el compromiso de las fiscalías con la reducción de la mora judicial.
Las tasas de resolución en el conjunto de fiscalías objeto de información para rendición de cuentas, muestran un resultado del 80%, lo que refleja la capacidad de estas fiscalías para atender la mayor cantidad de casos y resolver los expedientes ingresados. Asimismo, muestran una tendencia positiva en la resolución de casos penales y de flagrancia.
“Los resultados son un reflejo de los trabajos constantes que realizamos en conjunto el Ministerio Público con Fuerza Pública y OIJ, para tratar de contener la violencia”, señaló el jerarca en su intervención.
Los jefes de esas Fiscalías hablaron sobre la importancia de la dirección funcional como mecanismo esencial para garantizar la transparencia y legalidad del proceso penal.
Ellos explicaron que este mandato permite al personal fiscal coordinar, dirigir y supervisar las actuaciones de la policía judicial, especialmente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), durante la investigación de los delitos.
Destacaron también la importancia del acercamiento con las comunidades para establecer un enlace directo, no solo para mejorar la percepción institucional, sino para facilita la denuncia de delitos, especialmente en comunidades vulnerables o con acceso limitado a la justicia.
