• Fiscalías de Justicia Restaurativa, Niñez y Adolescencia y Fraudes desarrollaron proyectos que garantizan un mejor servicio público.

• Fiscal general: “Con este logro, el Ministerio Público reafirma su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan la confianza ciudadana y promuevan una administración de justicia más inclusiva, accesible y cercana”.

El Ministerio Público de Costa Rica fue galardonado en la décima edición del Concurso de Buenas Prácticas del Poder Judicial, al obtener varios reconocimientos por sus iniciativas innovadoras orientadas a mejorar el servicio público, con especial énfasis en la inclusión, la igualdad de género y la accesibilidad.

En el acto oficial, realizado el 1 de octubre y organizado por la Comisión de Buenas Prácticas del Poder Judicial, se destacó el trabajo de 36 oficinas de toda la institución que postularon sus proyectos, consolidando una cultura institucional basada en la ética, la innovación y el compromiso con la ciudadanía.

El fiscal general, Carlo Díaz, quien estuvo presente en la actividad, señaló que “los reconocimientos por las buenas prácticas que hacen estos despachos son una muestra del compromiso del Ministerio Público con la mejora continua del servicio para nuestras personas usuarias. Estas iniciativas no solo transforman procesos internos, sino que garantizan un mejor servicio a la ciudadanía, en especial a las personas más vulnerables”.

El primer lugar en la categoría de Énfasis en Personas con Discapacidad fue otorgado a la Oficina de Justicia Restaurativa y Justicia Alternativa del Ministerio Público, con la buena práctica denominada “Ley N.° 9582 Acceso, Dignidad y Justicia Restaurativa en Formato Audible”.

Sara Arce, fiscal adjunta de ese despacho, explicó que la iniciativa busca ofrecer un acceso más humano y sensible a la normativa, como complemento a los recursos de accesibilidad ya disponibles en el Poder Judicial.

“Nuestra buena práctica consiste en una versión audible de la Ley 9582 de Justicia Restaurativa. Aunque muchas instituciones utilizan el sistema JAWS, que es un lector automatizado con voz sintética, creemos que es posible mejorar la experiencia de las personas usuarias por medio de su transcripción con voz humana. Este formato transmite entonación, calidez, pausas e intención, lo que representa una apuesta institucional por la inclusión social profunda y la empatía”, mencionó.

En la categoría de Énfasis en Igualdad de Género, también fueron reconocidas dos oficinas del Ministerio Público: la Fiscalía Adjunta de Fraudes, con el proyecto “Unidad de Admisibilidad y Valoraciones Iniciales” y la Fiscalía Adjunta de Niñez y Adolescencia, con el proyecto “Juego Didáctico: ¿Conozco mis derechos?”, que obtuvo un empate en el segundo lugar.

En el caso de la Fiscalía de Fraudes, la buena práctica consistió en un modelo de gestión creado para centralizar y homogenizar el proceso de recepción y análisis inicial de las denuncias.

“Eso nos permite unificar los criterios sobre determinadas defraudaciones, brindar un trato de calidad al usuario, así como recopilar datos que permitan conocer cuáles son las defraudaciones más recurrentes y las personas imputadas que más se reiteran en investigaciones, lo que nos lleva a establecer planes anuales de contención y abordaje, y garantiza un trato accesible a víctimas vulnerables, además de fortalecer la coordinación con otras fiscalías y la policía judicial”, explicó Alejandro Solano, fiscal de la Unidad de Admisibilidad y Valoraciones Iniciales de la Fiscalía de Fraudes.

Por otra parte, la Fiscalía Adjunta de Hechos de Violencia en perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes (FANNA) explicó que la iniciativa consiste en un juego de mesa que evalúa el conocimiento de las personas menores de edad indígenas, después de haberles explicado sus derechos fundamentales y los lugares adonde acudir en caso de que se les irrespeten, además de cómo pueden pedir auxilio y porqué deben comunicarlo a las diferentes autoridades.

“Desde la experiencia práctica se logró determinar que es esencial mantener una comunicación cercana, respetuosa de cada cosmovisión de los pueblos indígenas y con una pertinencia cultural real, que además de hacer realidad el acceso a la justicia se logra mejorar los servicios desde los territorios indígenas. El apoyo recibido mediante este programa, permite seguir impulsando su aplicación en cada territorio indígena costarricense, teniendo como eje central a una población sumamente vulnerable, como lo son las personas menores de edad indígenas”, afirmó Rocío De La O, fiscal adjunta de la FANNA y de la Fiscalía de Asuntos Indígenas.

“Felicito a los equipos de trabajo por su dedicación y creatividad al buscar siempre nuevas formas de acercar la justicia a quienes más lo necesitan.
Con este logro, el Ministerio Público reafirma su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan la confianza ciudadana y promuevan una administración de justicia más inclusiva, accesible y cercana”, reiteró el fiscal general.

La ceremonia resaltó que el Concurso de Buenas Prácticas, aprobado por la Corte Plena en el 2006, se ha convertido en una herramienta para promover la mejora continua en la administración de justicia. A lo largo de 10 ediciones, ha impulsado proyectos que fortalecen la confianza de la ciudadanía y evidencian el compromiso institucional con la calidad del servicio público.