La Fiscalía Agrario Ambiental del Ministerio Público (MP), con el apoyo de la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) y de Humane World for Animals (HWA), ejecutó del 21 de agosto al 19 de setiembre, el curso Especialización en Derecho Penal Ambiental, en el cual participaron 23 personas funcionarias del MP, la judicatura, el Organismo de Investigación Judicial y de otras instituciones como la Dirección de Aguas, la Dirección de Gestión de Calidad y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), todas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

El curso abordó temas relacionados con las políticas de persecución penal en materia ambiental, la Ley de Conservación de Vida Silvestre, la Ley para la Gestión Integral de Residuos, la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, el código de Minería, así como las relacionadas con la pesca ilegal y el recurso forestal, entre otros.

El espacio académico procuró sensibilizar a las personas participantes y dotarles de herramientas que les permitan investigar los delitos ambientales, de conformidad con la normativa nacional e internacional vigente, haciendo un manejo sistemático de los hechos, las pruebas y el derecho.

Este esfuerzo académico se realizó como parte de un proyecto financiado por la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley de los Estados Unidos de América (INL por sus siglas en inglés) y administrado por HWA, con el propósito de mejorar la capacidad de Costa Rica en el combate contra el tráfico de vida silvestre.

Precisamente, Humane World for Animals reconoce y prioriza el abordaje efectivo y oportuno de los delitos ambientales, especialmente el tráfico de especies silvestres, que representa una grave amenaza para la conservación y causa gran sufrimiento a los animales en toda la cadena del tráfico; por ello reafirma el compromiso de colaborar con las autoridades nacionales mediante el fortalecimiento de capacidades especializadas y estrategias que faciliten la detección, investigación y judicialización efectiva de estos casos, contribuyendo así a la protección de la biodiversidad en Costa Rica.

El fiscal adjunto de la Fiscalía Ambiental, José Pablo González Montero, explicó que el curso busca la interiorización y la consecuente activación del compromiso con el derecho humano fundamental al ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

“La capacitación facilita un cambio de actitud y entendimiento de los procesos ecológicos y su mantenimiento, como un elemento indispensable para la calidad de vida de las personas. Esta transformación es evidente cuando se percatan de que no se trata solo de un espécimen de vida silvestre traficado, un bosque o un humedal destruidos, sino organizaciones criminales con uno de los negocios ilegales más grandes y lucrativos del mundo”, detalló.

El funcionario recalcó que las millonarias ganancias consolidan los delitos y también son utilizadas para financiar terrorismo, trata de personas, tráfico de drogas, y otros delitos, con el agravante de que aún hay tomadores de decisiones que no están conscientes de su importancia y por ello, no asignan recursos a la prevención o represión de las conductas ilegales o no crean leyes con sanciones adecuadas.

“Esta acción formativa fue diseñada considerando actividades participativas y lúdicas, como juegos de roles o competencias que facilitan el aprendizaje y la comprensión de conceptos ambientales que unen lo jurídico con lo científico. Para lograrlo, invitamos también a participantes de las instituciones vinculadas con formación en derecho, biología, ingeniería forestal y otros con lo que logramos complementar y reforzar los conocimientos, pero sobre todo crear interrelaciones y conexiones que promueven la coordinación interinstitucional y la posterior judicialización de los casos por delitos ambientales”, acotó González.

El fiscal coordinador de Upala, Miguel Sandí Mendoza, fiscal de Upala, señaló que “fue un honor formar parte del Curso Especializado en Derecho Penal Ambiental, ya que esta experiencia no solo fortaleció mis conocimientos jurídicos, sino que también ratificó mi compromiso firme con la defensa del ambiente como un derecho esencial y un deber compartido”.

“Más allá del aprendizaje académico, este espacio me ha impulsado a asumir la responsabilidad de generar conciencia en la sociedad sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales, velar por un desarrollo sostenible y garantizar que las futuras generaciones, puedan disfrutar de un entorno sano y equilibrado. Agradezco a las personas organizadoras, a las facilitadoras y a las compañeras y compañeros, por el valioso intercambio de conocimientos, que sin duda se traduce en una visión más sólida y humana, de la justicia ambiental en Costa Rica”, dijo.

El funcionario del SINAC, Jossie Hernández Moraga, refirió que el conocimiento no se adquiere de manera aislada, sino que se consolida con bases técnicas y legales.

“Podemos llamarlo un aprendizaje compartido de experiencias. Esta formación me ayudó entender cómo deben abordarse estos delitos en apego a las políticas, leyes y normas que nos amparan. Superó mis expectativas y me sensibilizó sobre la enorme tarea que representa la lucha contra las infracciones y delitos ambientales.

“Lo que más destaco es la oportunidad de forjar vínculos y trabajo en equipo con cada una de las personas participantes desde sus distintas ramas. Agradezco profundamente la confianza del licenciado José Pablo González Montero por haberme contemplado y permitirme aportar un poco de mi experiencia en este proceso de aprendizaje”, mencionó.

La capacitación se desarrolló en las instalaciones del Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica, contó con dos giras de campo, en las localidades de Puntarenas y la Fortuna de San Carlos y su gestoría estuvo a cargo de Ana María Franceschi Segura, fiscal de la UCS.