Las Fiscalías Adjuntas de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Delitos Económicos, Fraudes, Ciberdelincuencia y Agrario Ambiental, presentaron su informe de labores 2024.

La actividad se desarrolló en el Salón Multiuso de la Corte Suprema de Justicia, el 16 de octubre, con representantes de instituciones públicas y privadas, jefaturas del Ministerio Público, personal profesional y administrativo, quienes mostraron mucho interés durante la exposición del trabajo de esta columna. 

La fiscala subrogante, Karen Valverde Chaves, mostró los datos estadísticos de las oficinas y destacó la importancia del trabajo que realiza estos despachos para combatir la delincuencia.

La fiscal adjunta a.i. de Anticorrupción, Tattiana García Chaves, destacó la importancia de las causas seguidas en casos de corrupción, ligadas con instituciones públicas de alto nivel, lo que logró que, para el 2024, en el Índice de Percepción de Corrupción, el país pasara del puesto 55 al 58.

Con ello se recuperaron tres puntos, situándose en el puesto 42 de 180 países evaluados a nivel global.

Por su parte, la fiscal jefa de Delitos Económicos, Criss González Ugalde, se refirió a la importancia de las alianzas estratégicas interinstitucionales para un mejor abordaje de las causas.

En cuanto a la Fiscalía de Fraudes, el fiscal adjunto Carlos Meléndez Sequeira indicó que, durante el 2024, se lograron 13 sentencias condenatorias y por medio del procedimiento especial abreviado en juicio se registraron 36 casos: 30 en etapa de juicio y seis durante la audiencia preliminar.

Durante la actividad, la fiscal coordinadora contra la Ciberdelincuencia, Melissa Quirós Rodríguez, comentó la importancia de la participación de la oficina en las charlas de la estrategia del Plan Escudo, junto a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada. Esa actividad se llevó a cabo en Cóbano, Puntarenas, en la cual se brindaron charlas preventivas a menores de edad de la escuela y colegio local.

Finalmente, el fiscal adjunto especializado en materia ambiental, José Pablo González Montero, reflejó la importancia del curso de Especialización en Derecho Penal Ambiental, con la participación de 22 personas funcionarias de la fiscalía, la judicatura y el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

Según explicó, esa capacitación se llevó a cabo gracias a la Unidad de Capacitación y Supervisión (USC) y la Humane Society International (HSI).