9 de febrero del 2026. El Fiscal General de la República, Carlo Díaz, convocó el primer Consejo Fiscal del año, un espacio en el que se analizaron las principales tendencias delictivas del país y se desarrolló un taller técnico para fortalecer la política de persecución penal del Ministerio Público.

Durante la jornada, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, expuso el panorama nacional de criminalidad, con base en los registros del 2025. Según los datos presentados, se registró un promedio de 9.374 denuncias mensuales, y los delitos contra la propiedad, como hurto y robo, mostraron una disminución general del 11%.

Sin embargo, los delitos informáticos reportaron un incremento del 9%, consolidándose como una de las principales preocupaciones en materia criminal.

En materia de homicidios, se contabilizaron 873 víctimas en 2025, tres menos que en el 2024 (876) y 32 menos que en el 2023 (905).

De acuerdo con Soto, al día de hoy, la tasa nacional se ubica en 16,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, siendo San José, Limón y Puntarenas las provincias con mayor incidencia por homicidios dolosos, mientras que en los cantones con mayores niveles de violencia figuran San José, Limón, Puntarenas, Alajuelita, Desamparados, Matina, Santa Cruz, Guácimo, Quepos y Cartago.

En cuanto al decomiso de armas, el OIJ reportó 992 armas incautadas, entre pistolas, revólveres, fusiles, rifles, escopetas, carabinas y ametralladoras, mientras que el Ministerio de Seguridad Pública superó las 2.700 armas decomisadas.

Respecto al narcotráfico, en el 2025 se registraron 1.244 investigaciones por venta de drogas, cifra que supera las 912 del 2024 y las 488 del 2023.

Soto señaló que el ingreso de marihuana ha mostrado un incremento exponencial, principalmente destinado al consumo interno en Costa Rica.

Taller de priorización y criterios de oportunidad. Posterior a la exposición técnica, los fiscales adjuntos participaron en un taller de persecución penal orientado a definir prioridades en la aplicación de criterios de oportunidad y optimización de recursos.

Los participantes se dividieron en dos grupos de trabajo para formular propuestas que permitan fortalecer la estrategia institucional y mejorar la respuesta ante los delitos de mayor impacto social.

El jerarca del Ministerio Público destacó el compromiso institucional al analizar datos objetivos, fortalecer la coordinación interinstitucional y ajustar la política de persecución penal a las realidades delictivas del país.