El personal de la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) participó en la actividad académica “¿Por qué hacemos lo que hacemos?”, la cual incentivó al equipo a pensar en la ejecución de las diversas labores que realizan en la institución y el papel fundamental que aportan en un Estado democrático. El encuentro se desarrolló el 6 de febrero.
La presentación fue expuesta por la fiscala adjunta de la UCS, Karen Valverde, quien hizo un repaso histórico sobre la conformación del Estado constitucional de derecho, como un medio de protección de la dignidad humana y el reconocimiento de derechos fundamentales por parte de la comunidad internacional en instrumentos generales y específicos.
También expuso sobre el marco normativo del sistema penal nacional y lo que atañe a la Administración de Justicia Penal, por parte del Poder Judicial, y al Ministerio Público como un órgano auxiliar de justicia, encargado de la investigación para la acción penal pública objetiva y fundamentada.
Valverde mencionó la importancia de la labor de la tutela judicial efectiva para las personas intervinientes en el proceso penal y que, en cada actuación que realiza el personal interdisciplinario de la Unidad, se debe ver reflejado, sea en la gestión de los procesos de reclutamiento, formativos, de supervisión y en la propia labor fiscal.
El fiscal adjunto de la UCS, Edgar Barquero mencionó que la actividad permitió fortalecer el concepto del rol de la institución como órgano auxiliar de la justicia y reflexionar sobre los motivos por los que el equipo realiza sus funciones, para pasar de una ejecución meramente rutinaria a una actuación consciente, orientada a la calidad del servicio público y alineada con las metas institucionales.
“La capacitación y la supervisión son herramientas estratégicas para implementar la política criminal y los criterios de actuación definidos por la jefatura del MP, al tiempo que se contribuyen con la consolidación del Estado de Derecho y la conservación de nuestra tradición democrática”, añadió.
Por su parte, la fiscal Grethel Rosales indicó que el taller se enmarcó como partida de inicio del año laboral y constituyó en un espacio de reflexión sobre la importante función del MP en la permanente construcción del Estado social y democrático de derecho, lo que permite reafirmar el compromiso de que la actuación del personal fiscal deberá continuar por la senda del respeto a la ley procesal, la Constitución Política y sobre todo al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
“Nos permitió profundizar en la comprensión de que principios como el de legalidad, lesividad, objetividad, proporcionalidad, presunción de inocencia, culpabilidad, entre otros, no son meras declaraciones formales, sino límites tangibles y operativos, cuya observancia condiciona la validez y legitimidad de cada actuación fiscal, y somos precisamente nosotras la personas funcionarias del MP, las primeras llamadas en respetar de forma irrestricta los derechos fundamentales de las personas sometidas al proceso penal en todas sus etapas”, resaltó Rosales.
