La Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público (UCS-MP), en conjunto con la Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género, impartió el curso “Atención de asuntos de índole sexual y de penalización de la violencia contra las mujeres, en períodos de disponibilidad y cierre colectivo”.

La actividad formativa se desarrolló el 19 de febrero y estuvo dirigido a participó personal fiscal, coordinadores y técnicos judiciales, así como profesionales de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, y de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima.

El curso ofreció herramientas jurídicas y prácticas para la atención de asuntos relacionados con esta materia para evitar la revictimización de las personas ofendidas.

La fiscala adjunta Debby Garay Boza fue facilitadora del curso, quien indicó que, al atender a personas menores de edad -sean víctimas o testigos-, es importante aplicar las directrices aprobadas por Corte Plena en el 2022) para reducir la revictimización en los procesos penales.

La experta señaló que eso implica tener presente el principio rector del interés superior de la persona menor de edad, el derecho a la información en lenguaje sencillo, la privacidad de las diligencias y el auxilio pericial del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial, el resguardo de la imagen y la confidencialidad de los datos de dicho grupo vulnerable.

Garay también se refirió a las circulares del MP relacionadas con la materia de atención a esta población y las disposiciones generales sobre el abordaje inicial de víctimas de delitos sexuales y Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, durante períodos de disponibilidad. Además, repasó los lineamientos para el abordaje de casos de Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres y la aplicación obligatoria de la “Guía de valoración de riesgo de muerte de mujeres”.

“En los asuntos relacionados con víctimas de violación y otros delitos que involucren un acceso carnal, que se encuentren dentro del plazo de 72 horas de ocurridos los hechos, se deberán aplicar las disposiciones del Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Víctimas de Violación Sexual”, destacó la funcionaria.

Por su parte, Melissa Román Quesada, fiscal coordinadora de San Joaquín de Flores, manifestó que “la incidencia de los delitos de violencia sexual y violencia penalizada es sumamente alta en la atención de la disponibilidad y eso nos compromete a mantener una constante en el aprendizaje y en su correcto abordaje para atender al usuario o la usuaria víctima de una delincuencia de esta naturaleza, teniendo también en consideración el lado humano para que podamos generar empatía y obtener la información necesaria para la correcta investigación”

“Contar además con una docente como la fiscala Garay y el amplio conocimiento que sobre la materia tiene, nos permita actuar con mayor seguridad al conocer los protocolos que deben aplicarse en cada caso concreto”, dijo.

El fiscal Irbin Quesada Bolaños también participó de la actividad e indicó que la capacitación fue altamente funcional y necesaria para el ejercicio diario de la labor en diferentes puntos del país.

“Nos dota con mejores criterios técnicos para actuar con celeridad y precisión ante la urgencia y necesidad. La materia de delitos sexuales y violencia de género requiere una sensibilidad y actualización constante. La expositora es una profesional con gran capacidad y experiencia en la materia especializada, lo que permite dar un enfoque amplio, directo y que puede ser aplicado a la práctica diaria de las funciones del personal fiscal auxiliar y con esto cubre de manera efectiva todas las áreas de enfoque, fortaleciendo así también la confianza de la ciudadanía en la institución al brindar un servicio de calidad”, destacó.