Durante 11 días, el Ministerio Público recorrió 130 kilómetros por las montañas de Talamanca y visitó el territorio indígena Cabécar, en la región de Telire, para acercar los servicios de la institución a esa población. El trayecto se realizó entre el 19 y 30 de abril.

La gira de trabajo estuvo a cargo de personal de la Fiscalía de Asuntos Indígenas (FAI), Fiscalía de la Niñez y Adolescencia (FANNA), y la Fiscalía de Género. También contó con el apoyo de la Unidad de Capacitación y Supervisión, la Unidad de Protección de Profesionales, el OIJ y el Departamento de Trabajo Social y Psicología.

“Cada año, las fiscalías especializadas procuran realizar diligencias in situ en los territorios indígenas de más difícil acceso, así como promover la importancia de los derechos que tienen las personas en estado de vulnerabilidad residentes de esos lugares tan alejados, lo cual ha permitido no solo conocer la realidad en la que se desenvuelven, sino ejecutar las directrices, la normativa nacional e internacional que tiene como fin último dar una atención real a las personas usuarias de los servicios que se prestan en el Ministerio Público, operaciones que definitivamente permiten impactar con la paz social que debe mantenerse en los pueblos indígenas”, señaló Rocío De La O, fiscal adjunta de la FAI y FANNA

Durante el trayecto se impartieron charlas sobre los derechos de las mujeres, niñez y adolescencia, derechos de las mujeres. Se abordaron temas prevención de violencia y mecanismos de denuncia en siete centros educativos, así como, los posibles delitos que se puedan cometer dentro del seno familiar.

También se les explicó sobre cómo interponer una denuncia o realizar diligencias judiciales. Asimismo, se informó sobre las redes de coordinación con líderes comunales, intérpretes indígenas, personal educativo y habitantes de las comunidades.

Por otro lado, el equipo aprovechó la visita para realizar diligencias y trámites judiciales en expedientes, como ubicación de personas ofendidas, entrevistas a testigos, recepción de denuncias e identificación y citación de personas imputadas.

Este acercamiento también logró establecer alianzas comunitarias para facilitar comunicación en casos urgentes, tomando en cuenta las serias limitaciones de acceso a internet, electricidad, agua potable y servicios básicos que enfrenta gran parte del territorio.