• Órgano propicia coordinación interinstitucional para cumplimiento de normativa ambiental.

Daniel Quesada Artavia

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

20 de febrero del 2020. Con resultados que incluso trascendieron nuestras fronteras, la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental presentó este jueves el informe de la gestión realizada durante el 2019, en una actividad que, además, sirvió para dar a conocer las prioridades y proyectos fijados para el 2020.

Este órgano, conformado desde 2016 por el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Ministerio de Seguridad Pública, tiene como fin propiciar la coordinación entre las instituciones para, en conjunto, velar por la protección del ambiente y la persecución de los delitos que atentan contra este.

Como parte de los alcances, destacan importantes operativos y casos tramitados, entre los que se encuentran decomisos de especies de animales silvestres que iban a ser llevados fuera del país, así como causas por tráfico internacional de orquídeas y por aleteo de tiburón.

Además, se reportó el abordaje de la problemática por extracción minera ilegal en la zona de Crucitas y otros hechos vinculados con este fenómeno, tales como el ingreso y salida de mercurio del país y la disposición inadecuada de desechos.

La fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, aplaudió y reiteró su apoyo a “toda la articulación de trabajo que están haciendo las instituciones que forman parte de la Comisión”.

“El Ministerio Público sigue teniendo una posición de cero tolerancia para los delitos ambientales, pero, sobre todo, para los hechos de corrupción que los facilitan y los permiten. No toleraremos actos de crimen organizado, aún más, cuando son grupos que están traficando con la flora y fauna silvestre”, agregó la fiscala Navas.

Resultados visibles. El trabajo repercutió fuera del país, pues durante el 2019, representantes de 11 países de Latinoamérica asistieron al Congreso Latinoamericano de Ministerio Público Ambiental 2019, que tuvo como sede y organizador al MP de Costa Rica.

Por otra parte, durante el año pasado se presentó la Guía de investigación de los delitos ambientales, creada con el liderazgo de la Fiscalía Adjunta Ambiental, con el apoyo de la Comisión y de Fundecor; asimismo, se anunció que la Estrategia Nacional de Seguridad Ambiental se construirá e implementará teniendo a este órgano como referente.

El director del OIJ, Walter Espinoza Espinoza, afirmó que “es nuestro deber realizar los esfuerzos necesarios para desarticular y desmembrar a los grupos organizados que inescrupulosamente atentan contra la biodiversidad de nuestro país. El compromiso del OIJ con estos recursos es permanente y constante, ya que sabemos la importancia que tienen para Costa Rica”.

Por su parte, el ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, destacó que “se ha logrado investigar casos criminales complejos con duros golpes para los infractores y el decomiso de miles de especímenes de vida silvestre, madera, oro, denuncias por contaminación y otras infracciones a la normativa nacional que dañan nuestra biodiversidad y reducen nuestro capital natural”.

Trabajo especializado. El Grupo Operativo Ambiental (GOA), compuesto por un equipo de funcionarios especializados en todo tipo de delitos ambientales, también arrojó importantes resultados el año anterior, pues llevó a cabo cinco operativos a nivel nacional, que permitieron detectar actividades ilícitas como cacería, tala ilegal, extracción ilegal de oro e invasión de áreas de protección, entre otras.

También se efectuó el Operativo Interinstitucional para la atención de la Lagarteada en Ortega de Santa Cruz, Guanacaste. Además, la Comisión participó en la Operación Internacional Thunderball, organizada por la INTERPOL a nivel mundial. Esta incluyó acciones conjuntas para detenciones, decomisos, denuncias de tráfico de especies de fauna y flora, maderas, minería, entre otros delitos.

Finalmente, en un proceso gestionado por el grupo interinstitucional, se llevó a cabo la actualización del Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (Sitada) que permite contar con información sobre las especies afectadas por las acciones contra la vida silvestre, además de poder cumplir con compromisos internacionales.