• Fiscala General y Fiscal Adjunto participaron en conferencia internacional, exponiendo experiencia de Costa Rica en el abordaje de esos casos.

Tatiana Vargas Vindas

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23 de julio del 2020. “Ciberdelincuencia y justicia penal en el ciberespacio”. Así se denominó el seminario virtual que conectó ayer a autoridades judiciales de Latinoamérica y el Caribe, con el objetivo de compartir experiencias sobre las acciones realizadas por cada país para contrarrestar este tipo de delitos.

La fiscala general, Emilia Navas Aparicio, y el fiscal adjunto 3, Juan Carlos Cubillo Miranda, participaron en la conferencia, en la cual también expusieron otros expertos en la materia, como Claudio Peguero, miembro del Comité Directivo del Convenio de Budapest y coordinador nacional del proyecto Glacy+ en República Dominicana; Marcos Salt, miembro del Comité Directivo del Convenio de Budapest; e Irma Llano Pereira, fiscal delegada de Delitos Informáticos del Ministerio Público de Paraguay.

El seminario fue seguido, en Costa Rica, por fiscalas y fiscalas especializados  en cibercrimen, confirmó Cubillo.

La fiscala Navas destacó en su exposición la importancia que ha tenido la formación y el trabajo en equipo del personal fiscal que atiende los delitos de cibercrimen, para que el trámite de las investigaciones sea el idóneo.

“Desde que ratificamos la Convención de Budapest tomamos conciencia en el Ministerio Público de que había que desarrollar capacidades. Gracias al proyecto Glacy+ (Acción Global Contra el Cibercrimen Extendido) y a la capacitación que hemos recibido, el grupo de fiscales y fiscalas hoy tiene nuevas habilidades, destrezas, un conocimiento importante y cualidades que les permite desarrollar su trabajo con excelencia”, manifestó.

La jerarca informó que se reorganizó el talento humano de la institución para contar con un despacho especializado en la materia.

“A partir de enero del 2020 contamos, dentro de la Fiscalía Adjunta de Fraudes, con una importante unidad de fiscales y fiscales que se dedican a tramitar asuntos de cibercrimen. Ellos y ellas son la unidad rectora en el Ministerio Público (MP) que dicta lineamientos de cómo se tienen que abordar, tramitar y resolver todas las investigaciones de cibercrimen del país; pero, además, el equipo está replicando todo el conocimiento que ha adquirido por medio de las capacitaciones, en las fiscalías territoriales: asesorando, dirigiendo casos y emitiendo lineamientos a través de memorandos”, explicó.

Según la Fiscala General, el MP debe colaborar de manera colateral con la prevención de los delitos, pues lo que interesa es que no existan víctimas. “Trabajar de la mano con autoridades del país, como entidades bancarias y Ministerios, haciendo un trabajo articulado, ha permitido tener éxito en esta lucha, y el Convenio de Budapest nos ha permitido tener herramientas y colaboración internacional que antes no teníamos”, expresó.

Convenio. El Convenio de Budapest es un tratado internacional sobre delitos cometidos a través de internet y otras redes informáticas, que busca, entre otras cosas, establecer una política penal común y alineada entre países, para proteger a la sociedad de la ciberdelincuencia.

En su exposición, el fiscal adjunto Juan Carlos Cubillo, recordó que en noviembre del 2017, por decreto ejecutivo, la Fiscalía General fue nombrada como autoridad central del Convenio de Budapest.

“A partir de ese momento, en el caso de Costa Rica, tuvimos una primera misión de evaluación, en donde diferentes expertos se reunieron con autoridades nacionales, a efectos de hacer una evaluación de cómo se encontraba el país en esa materia, para dar una serie de recomendaciones y poder adecuar la legislación, podernos conectar con el mundo, que es lo que se requiere para poder investigar estos delitos que no tienen fronteras”, destacó.

El Fiscal Adjunto expuso la experiencia del Ministerio Público, que le ha apostado a la capacitación de personal de la institución y también de la judicatura. Destacó que el año pasado, fiscalas y fiscales costarricenses recibieron importantes cursos que permitieron crear dos módulos de capacitación, uno básico y otro avanzado, en materia de ciberdelito y prueba electrónica.

“Incorporamos a jueces y fiscales, para conversar de temas como evidencia digital, cómo recabarla y cómo hacerlo cuando esta se encuentra en otro país. Además, se creó una guía didáctica por parte de la fiscalía rectora, y desde este 2020, se incluyen aspectos de este tema en el curso de inducción para fiscales y fiscalas de primer ingreso a la institución”, expuso el Fiscal.

El seminario incluyó espacios de preguntas entre los conferencistas.