​Mónica Álvarez Pérez

Comunicadora

Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción 

24 de agosto del 2020. El fiscal adjunto de la Fiscalía Penal Juvenil, Luis Diego Hernández Araya, presentó los resultados de la gestión del despacho para el año 2019. Se trató de una rendición de cuentas llevada a cabo el 18 de agosto, que le permitió informar a la sociedad acerca de la labor de la fiscalía, a través de un espacio de una hora, en el programa Horizontes, de radio Centro, 96.3 FM.

Hernández, quien se hizo acompañar por Omar Jiménez Madrigal, fiscal supervisor Penal Juvenil, y Edgar Barquero Ramírez, fiscal coordinador de las sanciones penales juveniles, destacó que el año pasado la fiscalía tuvo un ingreso total de 3044 expedientes, de los cuales se resolvieron 3009, quedando 35 expedientes en trámite.

En Fiscal Adjunto afirmó que, de esas causas resueltas, 1065 fueron acusadas, 1526 desestimadas (solicitud de la Fiscalía al Juzgado Penal para que se archive la denuncia o las actuaciones policiales), 33 sobreseídas (solicitud de la Fiscalía al Juzgado Penal para que se archive la denuncia de manera definitiva cuando no existe delito, no hay pruebas, entre otros) y 261 causas acumuladas (cuando se investiga a la misma persona imputada, pero en distintos hechos delictivos). 

En cuanto a condenas, el funcionario informó que la Fiscalía Penal Juvenil logró el 10%, y además reportó que el 71% de las resoluciones correspondió a medidas alternas al proceso. Por ejemplo, la suspensión de proceso a prueba representó el 41% (medida alterna al juicio, en la cual la persona acusada se compromete a cumplir un plan de reparación por el delito cometido que puede ser un arreglo con la víctima y someterse a condiciones) y la conciliación representó el 30% (medida alterna al juicio, en la cual la persona imputada llega a un arreglo con la víctima, sea económico o simbólico). 

Hernández aprovechó el espacio radiofónico, conducido por Edgar Houed, para contextualizar el origen del despacho especializado. Informó que la Fiscalía se fundó en 1996, con la creación de la Ley de Justicia Penal Juvenil, la cual restablece a la persona menor de edad en el ejercicio de todos sus derechos inherentes a la condición de persona en un proceso penal, dado que antes no se le consideraba plenamente esa condición a la hora de decidir acerca de sanciones o intervenciones estatales sobre su persona. 

Casos de alto impacto 

El Fiscal Adjunto hizo énfasis en aquellos casos con mayor impacto mediático durante el año anterior, investigaciones que tuvieron como resultado final la condena de las personas acusadas. 

El caso conocido mediáticamente como el asalto con homicidio a un estudiante de informática del TEC, manifestó que, en el término de 24 horas, la fiscalía acusó a un joven de 17 años de edad. Meses después, dijo, se le sentenció a 12 años de prisión por los delitos de homicidio calificado y robo agravado.  

Por su parte, el fiscal supervisor Omar Jiménez Madrigal enfatizó sobre los fenómenos delictivos en personas menores de edad, asociados a la trata de personas, redes sociales e internet. 

Según comentó, dentro del estudio del delito de crimen organizado, la fiscalía ha logrado detectar fenómenos de similar naturaleza que se desarrollan en el contexto de las interacciones con personas jóvenes y adolescentes, entre los que se encuentra el campo de la explotación sexual comercial como reclutadores de otros jóvenes menores de edad, tráfico y trasiego de pornografía y pseudopornografía en redes sociales, a manera de negocio. 

Justicia Juvenil Restaurativa 

En el espacio Horizontes, los fiscales informaron que el despacho procuró la aplicación del programa de Justicia Juvenil Restaurativa en 116 casos, durante el 2019, logrando remediar el conflicto entre las partes, con participación de la víctima y la persona menor de edad infractora. Con la ayuda de la comunidad, se buscó una solución integral y se trabajó en las causas que ocasionaron el conflicto, por lo que se restableció el tejido social dañado. 

El fiscal coordinador Edgar Barquero Ramírez fue el encargado de cerrar el programa, explicando la función de la ejecución de las sanciones penales juveniles, que se encarga de darle seguimiento y vigilar que se cumpla lo que se dispuso en el juicio. Actualmente, esta oficina cuenta con 820 asuntos en trámite. 

“El objetivo de la oficina es lograr la inserción de la persona joven en su familia y en la sociedad, brindando las herramientas necesarias para la convivencia y evitar que vuelva a cometer delitos”, dijo.

Las charlas educativas fue otra de las labores destacadas en la rendición de cuentas, como una labor preventiva que permite mantener informados al público estudiantil, a la ciudadanía y a grupos sociales organizados, sobre la existencia de las leyes aplicables a las personas menores de edad y sobre las responsabilidades que conlleva la comisión de un delito. 

Link del programa: https://youtu.be/KKZdlyOD6zs