Daniel Quesada A.
25 de agosto del 2020. Los servicios de electricidad, internet y telefonía son esenciales y, además, un derecho humano, pero, quizá, pocas veces se tiene mayor conciencia de su importancia que cuando estos faltan; una situación que, en los últimos años, se ha vuelto cada vez más frecuente por culpa de quienes roban cable.
Este lunes, Juan de la Cruz Brenes, director de la Dirección de Protección y Seguridad Institucional del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), conversó al respecto en el programa del Ministerio Público, FrecuenciaMP; espacio que sirvió además para conocer las acciones que han tomado las autoridades para atender la problemática y buscar formas para detener los graves efectos que genera.
El tema adquiere mayor relevancia en la realidad que vivimos por la pandemia del COVID-19, pues el roblo de cable y la interrupción en servicios de electricidad y telecomunicaciones “empeora la situación”, en palabras de Brenes.
“Ambos servicios cumplen roles sumamente importantes, desde la atención de situaciones de emergencia, hasta, por ejemplo, estar atentos a nuestros familiares, a nuestros adultos mayores a quienes evitamos visitar para no exponerlos al virus”, subrayó el funcionario.
El experto apuntó que los efectos de estos delitos son de tal magnitud, que afectan a servicios y sectores tan variados como escuelas, Ebais, sedes de Cruz Roja, estaciones de policía, pulperías, transacciones bancarias, cadenas de distribución, productos de exportación, transporte y una lista casi interminable.
Más allá del internet. Para entender lo delicado del tema, Brenes relató una situación que ocurrió en Parrita, donde, hace algún tiempo, se presentó un accidente acuático; en esa ocasión, por una avería de esta naturaleza, las personas no pudieron alertar a los equipos de emergencia, pues la señal celular estaba fuera de servicio: “la situación transcurrió con la pérdida de una vida humana”, dijo.
“Hemos tenido localidades completas totalmente fuera de servicio, sin comunicación por voz, por datos y por lo tanto sin conectividad por internet”, agregó; y, como si las consecuencias humanas y sociales fueran pocas, el robo de cable deja millonarias pérdidas al ICE y, por consiguiente, a la ciudadanía y sus recursos públicos.
Durante el 2019, la cifra negativa llegó a ₡1.900 millones, y en lo que llevamos del 2020 el Instituto reporta ₡1.400 millones perdidos por esta criminalidad, un fenómeno que, según explicó el funcionario, se desplaza por el país y, actualmente, tiene importantes efectos en sitios como Alajuela, San Ramón, Parrita, Cóbano y Liberia.
Grupos organizados. Una de las acciones orientadas a atacar el robo de cable resultó de un acercamiento entre el ICE y la Fiscalía General, con lo cual, la jerarca, Emilia Navas Aparicio emitió una directriz para que estos hechos se atiendan de forma más especializada y se visualicen como delitos de crimen organizado.
“Vimos que es un tema que se sale de la esfera administrativa del ICE, lo cual nos llevó a buscar un abordaje diferente y eso fue lo que el Ministerio Público, en forma muy acertada, visibilizó: cuál es el impacto que esto tiene para una sociedad en crisis”, detalló.
Juan de la Cruz Brenes agregó que el enlace entre ambas entidades arrojó excelentes resultados, pues “fue posible identificar que el asunto requiere de un abordaje interinstitucional y el MP en este momento lo está liderando”.
La edición completa de FrecuenciaMP está disponible en este enlace. El espacio del Ministerio Público se transmite todos los lunes, a las 9:00 a.m., por Radio Columbia, en 98.7 FM.