23 de setiembre del 2020.El Comité de Estudio Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Agredidos (CEINNA) del Hospital Nacional de Niños, realizó ayer un conversatorio en el que se analizó la importancia y la obligación de denunciar que tienen las funcionarias y funcionarios públicos cuando conocen de alguna situación de abuso físico, psicológico o sexual en perjuicio de las personas menores de edad, que entran en contacto con ellas y ellos en razón del cargo que desempeñan.

La Fiscalía Adjunta de Atención de hechos de violencia en perjuicio de Niñas, Niños y Adolescentes (FANNA) forma parte del CEINNA, al igual que el Hospital Nacional de Niños, del Ministerio Público, el Patronato Nacional de la Infancia y el Ministerio de Educación Pública.

La reunión virtual contó con una exposición a cargo de la fiscala enlace de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), Marianela Zamora Pérez, quien explicó a las personas participantes acerca de las posibles consecuencias civiles, penales o administrativas en las que se podría incurrir, en caso de no interponer una denuncia de un hecho de violencia en perjuicio de esta población menor de edad.

Zamora también ahondó en el deber legal que impera de poner en conocimiento de la Fiscalía cualquier hecho que constituya delito.

De acuerdo con la fiscala adjunta de la FANNA, Rocío De la O Díaz, esta actividad interdisciplinaria permitió retroalimentar y aclarar dudas al personal de las instituciones mencionadas, así como crear articulaciones más eficientes para el cumplimiento de los objetivos en beneficio de la niñez y la adolescencia.