Daniel Quesada A.
25 de enero del 2021. “En la medida en que tengamos a estudiantes de escuela y de colegio dentro del sistema educativo, los vamos a mantener lejos de la delincuencia”, apuntó el fiscal adjunto de Limón, Manuel Jiménez Steller, este lunes en el programa FrecuenciaMP.
Esta fue una de las reflexiones del funcionario en torno a un proyecto del Ministerio Público (MP) en Limón, Bribri y Batán, que inició en mayo del 2018 y ha llevado útiles y artículos escolares a personas menores de edad en condición de vulnerabilidad.
Solo el año anterior, esta iniciativa benefició a 604 niñas, niños y adolescentes, gracias a que causas penales por delitos de gravedad menor se resolvieron mediante una suspensión del proceso a prueba, una salida alterna que permite nuestra legislación para que los casos se solucionen sin necesidad de realizar un juicio.
Jiménez explicó que esta alternativa, que debe ser aprobada por un Juzgado Penal, establece a la persona imputada el cumplimiento de una serie de medidas, permanecer a prueba y cumpliéndolas por un período de entre dos y cinco años y, en el caso de este proyecto, donar insumos educativos.
“Además de esas condiciones, la suspensión del proceso a prueba establece que se debe hacer un plan reparador del daño causado, para que el imputado enmiende la conducta que cometió; entonces, la Fiscalía plantea la posibilidad de que se incluya en esto la donación de uniformes y útiles escolares para quienes no tienen los recursos para adquirirlos”, detalló el Fiscal Adjunto.
Impacto social. “Logramos percatarnos, dentro de la labor que realizamos en el MP, que hay una gran cantidad de estudiantes de Limón que no tienen los recursos económicos para adquirir uniformes, útiles y materiales necesarios, pese a ello, se presentan a recibir lecciones en esas condiciones; así surgió la iniciativa”, dijo Jiménez Steller.
El funcionario considera que este proyecto constituye una muestra palpable de que la justicia puede tener efectos reales y positivos en la sociedad, puesto que las donaciones impactan en la educación de las personas menores de edad beneficiadas y, por consiguiente, de la comunidad.
“Imagínese lo que es tener que asistir a la escuela sin uniforme y sin los implementos básicos y que, de pronto, se pueda resolver esa situación; los estudiantes se sienten incluidos en el sistema educativo, sumamente agradecidos y, en el momento que hacemos la entrega, podemos ver la cara de satisfacción y alegría, cuando se ponen su bulto en la espalda cargado de útiles escolares y además llevan una bolsa en la mano con el uniforme para estrenarlo al día siguiente”, relató el Fiscal Adjunto.
Durante el 2020, el valor de los artículos donados ascendió a ₡19.113.262; Jiménez agregó que las personas imputadas, quienes realizan los aportes dentro de los planes reparadores, también se muestran complacidas al saber que, además de enmendar su conducta, personas menores de edad se verán beneficiadas.
La fiscalización del cumplimiento de las medidas y de la entrega de las donaciones, se ejerce tanto por parte de las Fiscalías como de los Juzgados Penales, entes que, junto a la Defensa Pública, han avalado y apoyado el proyecto y sus alcances.
En el programa FrecuenciaMP, el Fiscal Adjunto detalló en qué casos se puede aplicar esta salida alterna, de qué forma se fiscaliza su cumplimiento y qué otros insumos entregan a los centros educativos; para escuchar la edición completa, solo debe ingresar a este enlace.