08 de marzo del 2021. Durante el 2020, el Ministerio Público logró que se dictaran 6,778 condenas en juicio y mediante procesos abreviados, y presentó 31,889 acusaciones, 7,327 más con respecto al año anterior. En casos complejos de corrupción, narcotráfico, legitimación de capitales, trata y tráfico de personas, y delitos ambientales, las piezas acusatorias, con solicitud de apertura de juicio, sumaron 264. En materia penal juvenil, confeccionó 2,913 acusaciones, 299 en asuntos relacionados con asuntos de género, y 40 en casos donde intervinieron personas indígenas.

Los datos estadísticos se desprenden del informe de labores presentado esta tarde por la fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, a las magistradas y magistrados que integran la Corte Plena. Dicho informe versó sobre siete temas: Política de Persecución Penal, implementación de reformas administrativas, gestión del talento humano, interacción del Ministerio Público con la ciudadanía, gestión jurídica del despacho de la Fiscalía General, movimiento general del trabajo del MP y cumplimiento de compromisos adquiridos al inicio de la actual gestión.

En narcotráfico y delitos conexos, una de las 119 acusaciones elaboradas corresponde al caso conocido mediáticamente como la “Reina del Sur”, en el que se vinculó al proceso a 37 personas por delitos de tráfico de drogas, homicidios, legitimación de capitales, falsedad ideológica y tenencia de armas. El expediente se acusó en junio del 2020 y, en una audiencia preliminar realizada en enero pasado, el Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José ordenó el auto de apertura de juicio.

En su intervención, la Fiscala informó que el año pasado, el Ministerio Público (MP) recibió 194,196 casos nuevos; se creó un Protocolo de Cadena de Custodia, que es un procedimiento riguroso para garantizar la integridad, identidad, calidad científica y técnica de los indicios obtenidos durante la investigación. Además, se actualizó el procedimiento para tramitar coincidencias entre indicios balísticos, lafoscópicos y de ADN; se crearon 30 nuevas circulares de política de persecución penal en áreas estratégicas; y se capacitó a 2,770 funcionarias y funcionarios para potenciar sus conocimientos y mejorar el servicio público.

Navas Aparicio destacó que, al igual que muchas otras instituciones, el MP desarrolló su función en el marco de circunstancias inéditas para la institucionalidad, por la llegada de la pandemia.

“Estas condiciones implicaron cambios en el esquema de trabajo habitual y medidas extraordinarias, como la confección de planes de especiales, incremento del teletrabajo, readecuación de horarios, maximización de la tecnología y otras acciones para asegurar el funcionamiento de la gestión jurídica, administrativa y de talento humano, esenciales desde el punto de vista de la función sustantiva y el servicio que se brinda a las personas usuarias”, dijo.

La prioridad, señaló, fue garantizar el acceso de la población a los servicios públicos esenciales durante la emergencia sanitaria, para lo cual fue necesario emitir disposiciones prácticas para el trabajo de las distintas fiscalías, así como generar lineamientos para el abordaje, tramitación e investigación de las causas relacionadas con delitos que afectan servicios esenciales.

Para facilitar a la población el acceso a información relevante sobre los servicios del MP durante el año de pandemia se creó una sección exclusiva en la página web para que todas las personas accedan al sistema Gestión en Línea, que permite interponer una denuncia penal, revisar el expediente e incluso descargarlo y así evitar apersonarse a las oficinas. 

Carga de trabajo

Respecto al 2019, el año pasado disminuyó la carga de trabajo. Mientras en el primer año ingresaron 233,187 casos, en el 2020 se recibieron 194,196, para una diferencia de 38,991, lo cual pudo deberse a la situación de pandemia en el país.

“Hasta el 31 de diciembre de 2020 se concluyeron 196,155 expedientes, según los principales motivos de término se distribuyen en 31,889 acusaciones; 76,574 desestimaciones; 15,629 sobreseimientos definitivos; 44,371 archivos fiscales y otros motivos de término representan 27,692 de los asuntos concluidos”, informó la jerarca.

Esa última cifra se refiere a la aplicación de medidas alternas al proceso, criterios de oportunidad, pago de multas, acumulación de expedientes, conversión de la acción y traslado de expedientes, entre otros.

Las desestimaciones se plantearon cuando se determinó que el hecho que se denunció no era delito, no existieron pruebas suficientes para acusar o porque por alguna razón no se pudo proceder. Los sobreseimientos definitivos se requirieron cuando a la persona ya se le había tomado la declaración indagatoria y, al finalizar la investigación se determinó que los hechos no eran delito, que no fueron cometidos por la persona o que no se encontraron pruebas suficientes para ir a un juicio. Los archivos fiscales (cierre temporal del expediente con posibilidad de reapertura) se decretaron cuando no se identificó a la persona que cometió el hecho.

La jerarca confirmó que en el 2020 entraron 105 expedientes al despacho de la Fiscalía General, de los cuales, se logró concluir 75 asuntos:  seis fueron acusados, en seis se solicitó un sobreseimiento y se presentaron 63 desestimaciones. En relación con el 2019, aumentó en cuatro la cantidad de investigaciones a personas con fuero o inmunidad, y se redujo en seis los casos de investigaciones a personas sin fuero especial.

Otras áreas en las cuales se han emitido políticas de persecución penal en el período 2020 son medio ambiente, abordaje de la corrupción y delitos contra los deberes de la función pública. Durante ese año inició funciones la Fiscalía para la Atención de Hechos de Violencia en perjuicio de Niños, Niñas y Adolescentes, encargada de atender delitos cometidos en contra de esta población. Además, en materia de ciberdelincuencia, uno de los principales logros fue la conformación de una unidad especializada dentro de la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen, con la responsabilidad de liderar investigaciones en este campo, desde enero del año pasado.

Resultados en etapa de juicio

Fuente: Unidad de Monitoreo y Gestión de Fiscalías, datos de SIGMA

Nota. Los procesos abreviados son aquellos en los que la persona acusada acepta voluntariamente los hechos atribuidos, y se pacta una sentencia sin necesidad de que se realice un juicio.

De acuerdo con la Fiscalía, las principales razones por las cuales se dictó una absolutoria, fue por incomparecencia de testigos, derecho de abstención, testigos perdieron interés en el proceso, y porque, debido a la duración en los señalamientos de los debates y juicios, las partes olvidan

detalles de la denuncia y cambian la versión.

Otros detalles del informe

• Aumento de medidas alternas

La cantidad de investigaciones que concluyeron con la aplicación de una medida alterna al proceso incrementó, pasando de 9,913 asuntos en 2019, a 10,325 en el año 2020. Por la vía de conciliación se resolvieron 6,597 casos; con suspensión del proceso a prueba 3,513 y una reparación integral del daño se dio en 215.

• Reducción de un 67% de expedientes en rezago

Como parte de los esfuerzos y compromisos jerárquicos para la atención y disminución de la mora o rezago, la Fiscala General de la República impulsó que durante el año 2020 se creara y ejecutara un plan mediante el cual las fiscalías territoriales pudieran atender y resolver una parte significativa del acervo de expedientes que, al 31 de diciembre de 2019, se encontraban en condición de rezago.

Al comenzar el plan, el número de causas en rezago (con dos años o más en trámite), en las 43 fiscalías territoriales, ascendía a 9,541 expedientes, de los cuales, 7,760 estaban en condición de trámite y 1,781 investigaciones preparatorias permanecían en estado pasivo, debido a ausencias o rebeldías de las personas imputadas.

Producto de los esfuerzos realizados, los despachos lograron dar término a 5,472 asuntos, lográndose una reducción de un 67,17% del circulante en rezago que estaba en trámite al inicio del plan. Los cuatro delitos estadísticos que fueron mayormente resueltos son los siguientes: lesiones culposas (Ley de Tránsito), estafa, abusos sexuales contra personas menores de edad o incapaces y

el delito de robo agravado.

• 72% de los recursos de casación se declararon con lugar

La Fiscalía de Impugnaciones del Ministerio Público contestó 572 recursos de apelación interpuestos por la Defensa Pública o particular, atendió 437 vistas e interpuso 78 recursos de casación, entre enero y el 15 de noviembre del 2020. Durante el 2020, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia notificó la resolución de admisibilidad de 65 recursos de casación, lo que representó el 92%.

Se notificaron 79 resoluciones que resolvieron por el fondo los recursos de casación interpuestos por la Fiscalía. De estas, 57 fueron declaradas con lugar mientras que 22 sin lugar. Esto significa que el 72% de los recursos de casación fueron declarados “con lugar”.