Daniel Quesada Artavia
15 de abril del 2021. En una conferencia de prensa virtual realizada hoy, la fiscala general de la República, Emilia Navas Aparicio, y el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Walter Espinoza Espinoza, presentaron el “Protocolo conjunto homologado para la investigación de mujeres mayores de edad desaparecidas y no localizadas”.
Se trata de un esfuerzo coordinado de ambas instituciones que permitirá investigar estos casos, bajo un enfoque diferenciado según perspectiva de género y tomando como referencia una serie de buenas prácticas a partir de la experiencia adquirida y de lineamientos y recomendaciones de informes internacionales.
El protocolo establece y delimita las actuaciones básicas que deben realizar ambas instituciones para la búsqueda de una mujer mayor de edad reportada como desaparecida o no localizada.
Para ello, se definieron cuatro fases que son las siguientes:
- Atención Inmediata Obligatoria (primeras 24 horas).
- Diligencias policiales entre 24 y 72 horas.
- Diligencias policiales posterior a las 72 horas.
- Cierre del caso y registro de declaración confirmatoria.
“Esto significa que se le va a dar un tratamiento diferenciado a los casos en vista de que se trata de mujeres. Además de las diligencias de investigación básicas que se hacen ante la denuncia de una desaparición de cualquier persona, se establecen acciones especiales que se deben realizar en determinados plazos”, explicó la Fiscala General.
Por su parte, el Director del OIJ afirmó que “somos conscientes de la necesidad de dar un abordaje con una perspectiva de género y que, desde un punto de vista de celeridad investigativa, garantice que la manera como se asumen los casos en el MP y en el OIJ sea homogénea, independiente de la zona geográfica del país en que ocurra un hecho de esta naturaleza”.
Según las estadísticas del Organismo, durante el 2020 se registraron un total de 1.792 denuncias de personas desaparecidas, de las cuales 235 casos correspondieron a mujeres adultas; mientras que, entre enero y marzo del presente año, la cifra global es de 592 personas desaparecidas, 75 de ellas mujeres mayores de edad.
Navas y Espinoza coincidieron en que, si bien la desaparición de una persona no representa una conducta delictiva por si sola, en muchas ocasiones estos casos suelen ser el preámbulo o la fase inicial de la comisión de un delito que, entonces, sí tendría implicaciones a nivel penal.
El protocolo puede ser consultado por cualquier persona, en esta dirección.
*Puede encontrar el video con las declaraciones de ambos jerarcas, en la siguiente dirección: https://youtu.be/t0bcwLZ0PVs