Daniel Quesada Artavia
27 de abril del 2021. Sin grandes esfuerzos por ocultarlo y generalmente en sitios de acceso público; así ocurre en nuestro país el comercio de mercadería falsa, la principal manifestación en Costa Rica de infracción a la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual.
Así lo explicó en el programa FrecuenciaMP, Christopher Moreno Chaves, fiscal coordinador de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual.
En este espacio, que se transmite todos los lunes a las 9:00 a.m., a través de Radio Columbia, el funcionario reveló que, mayoritariamente, esta delincuencia se presenta con la falsificación de prendas de vestir, calzado y joyería.
El fiscal detalló que dicha ley protege la propiedad de las obras, productos o marcas creados por las personas, lo cual implica también aspectos relacionados con los derechos de autor.
Para quien sea encontrado culpable de cometer estas infracciones, la legislación establece sanciones que van desde multas calculadas en salarios base, hasta la pena de cinco años de prisión cuando se da con mercadería fraudulenta cuyo valor supera los 20 salarios base.
“Es un delito de acción pública perseguible a instancia privada, lo que significa que el Ministerio Público únicamente puede ejercer la acción penal cuando la parte ofendida insta o recurre a este para denunciarlo”, apuntó.
Moreno agregó que esto implica la colaboración de la parte dueña de la marca en todo momento, puesto que después de poner en conocimiento el presunto delito, debe colaborar aportando peritos que establezcan de forma fehaciente si la mercadería que se decomisó es falsa o no.
El fenómeno. “Este es un delito que, a diferencia de muchos otros, no se da en la clandestinidad, sino que ocurre a plena luz del día (…) puede ser detectado por cualquier persona que camina por las calles del país, solamente con observar tiendas que venden productos de marcas reconocidas a nivel mundial, pero a precios muy bajos; eso es una señal clarísima de que la mercancía que se comercializa en esos locales es falsa”, afirmó el especialista.
El fiscal subrayó que las infracciones a la propiedad intelectual no solo implican consecuencias a nivel de calidad o estética de productos, sino que, incluso, en algunos casos pueden poner en riesgo la salud de las personas.
Así ocurrió en el 2014, cuando una denuncia de las personas representantes de la marca 3M alertó de la distribución de mascarillas falsificadas entre trabajadores agrícolas en el cantón de Pococí.
“En ese caso, lo más preocupante era la zona en la que se estaba comercializando estas mascarillas, porque sabemos bien que allí existen muchos cultivos y las personas las utilizan para proteger su salud, ante los distintos agroquímicos que se utilizan en las plantaciones”, subrayó.
Finalmente, en el 2017, la denuncia y la colaboración de la empresa 3M permitieron llevar a cabo diligencias de investigación que, posterior al decomiso de la mercancía, concluyeron con la destrucción de más de 150 cajas de mascarillas y sus distintos filtros y componentes, todos falsificados.
La edición completa de FrecuenciaMP está disponible en este enlace, donde usted puede escuchar el programa, así como las entregas anteriores.