29 de abril del 2021. La Fiscalía General y el Colegio Médicos Veterinarios de Costa Rica sostuvieron una reunión virtual, en la que abordaron temas relacionados con la política de persecución penal que mantiene el Ministerio Público (MP) en materia de ejercicio ilegal de la profesión.

De acuerdo con el Colegio, actualmente hay dos casos por ese tipo de delito que son investigados a nivel judicial, sin embargo, el objetivo del encuentro con la fiscala general, Emilia Navas Aparicio, y con el fiscal adjunto de la Fiscalía General, Juan Carlos Cubillo Miranda, fue conocer acerca de la actuación del MP, frente a casos que sobrepasan el actuar administrativo de es
"Es fundamental crear consciencia y sentar responsabilidades, para que el empirismo cada vez sea menor y la impunidad no sea un incentivo a este tipo de actividades. Nuestra institución por muchos años se dedicó a tramitar las denuncias ante situaciones éticas y de índole disciplinaria por la poca acogida con que los temas de empirismo eran tratados ante las instancias judiciales. Con la apreciada posición externada por la Fiscala Navas sobre el abordaje penal del empirismo resurgió el deseo de nuestra institución de poner en conocimiento de la misma los casos que recientemente hemos llevado ante el Ministerio Público y tener una mayor claridad en el proceder de las denuncias de este tipo", expresó la presidenta del Colegio, Silvia Coto Mora.

Según Coto, se han presentado casos de delegación de funciones quirúrgicas en personal asistencial o de apoyo, principalmente en los lugares que alegan que se brindan supuestas clases a personas que buscan formarse como asistentes veterinarios, así como del ejercicio como médicos veterinarios de extranjeros que, aunque sí son titulados en sus países de origen, no están colegiados en Costa Rica.

"Nuestra institución ha venido en los últimos años tratando de crear conciencia en la población sobre el rol de médico veterinario, la sensibilización sobre bienestar y crueldad animal y cómo esto nos incide directamente en la sociedad y en el grado de violencia de la misma. Consideramos fundamental que la población reconozca sus derechos como consumidores de los servicios médicos veterinarios, pero que también comprenda que la negligencia de no ir a un profesional debidamente acreditado para ejercer la profesión puede considerarse también maltrato animal, al ser el propietario el responsable de dichas elecciones y quién autoriza los procedimientos a los que será sometido el animal", señaló la profesional.

La fiscala general Navas y el fiscal adjunto Cubillo externaron que se dará seguimiento a todas las denuncias que el Colegio interponga, por presunto ejercicio ilegal de la profesión.

La médica veterinaria dijo que "como institución y como ciudadanos estamos muy complacidos con el acercamiento y con la posición de la Fiscalía General de la República y gestionaremos desde nuestro Colegio lo que corresponda para que este flagelo social se extinga y los involucrados asuman las consecuencias de sus actos".

La reunión se llevó a cabo en el mes de febrero.