Daniel Quesada Artavia
25 de mayo del 2021. Las organizaciones criminales otorgan cada vez más liderazgo a personas jóvenes en sus estructuras; una estrategia que, según el fiscal Byron Corrales Cruz, especialista en materia penal juvenil, tiene como objetivo conseguir su lealtad y confianza, casi sin límites.
Este lunes, en el programa FrecuenciaMP, el experto analizó el nuevo rol que están asumiendo las personas menores de edad dentro de los grupos delictivos; un protagonismo sumamente dañino y riesgoso, puesto que les lleva a cometer delitos cada vez más graves.
“Inicialmente los reclutaban como vendedores terminales de droga o como vigilantes de las actividades ilícitas de la organización, por ejemplo; sin embargo, esto ha cambiado con el paso del tiempo y han adquirido un papel más predominante en el desempeño de funciones dentro de cada grupo; todo esto basados en un sentido de identidad que necesita la persona menor de edad, para poder sentirse parte de una comunidad y sentir que tiene un apoyo”, explicó Corrales.
Como parte de esa evolución, apuntó el fiscal, han registrado casos en los que las personas menores de edad “vigilan los transportes de droga que se realizan de un sitio a otro, o llevan a cabo la contabilidad de un lugar establecido; por ejemplo, casos de personas que cuentan con un libro de contabilidad, en el que se establece cuántas personas deben dinero y cuánto dinero debe recaudarse con las sustancias psicoactivas que venden ahí; ese rol predominante llega hasta el punto de que los altos mandos les ceden una porción de la administración de la actividad ilícita que desarrolla el grupo criminal”.
Una vez con su confianza y lealtad ganadas, las cabezas de las estructuras criminales logran que estas personas jóvenes cometan delitos graves, como privación de libertad, delitos contra la vida y comercialización de estupefacientes.
Herramientas legales. Corrales enfatizó que, contrario a la creencia popular de que las personas menores de edad no enfrentarán consecuencias legales por sus actos, existe legislación que establece sanciones, tanto socio-educativas como privativas de libertad; la aplicación de una modalidad u otra dependerá de la gravedad de los hechos.
“Entre las primeras se encuentra la libertad asistida, que son programas a los que las personas menores de edad tienen que incorporarse, ante el Ministerio de Justicia y Paz, llevar charlas y cumplir con una sanción de órdenes de orientación y supervisión, con las cuales se busca resocializar a la persona; estas se definen en torno a las condiciones personales de cada uno”, detalló.
El especialista agregó que la Fiscalía de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles se encarga de dar seguimiento tanto a estos programas como a las sanciones privativas de libertad. “Ante un eventual incumplimiento de una sanción no privativa de libertad, también existen consecuencias legales”, apuntó Corrales.
Adicionalmente, la problemática que envuelve este involucramiento de personas jóvenes en roles protagónicos dentro del crimen hace que la Fiscalía cuente con alianzas interinstitucionales para atender el fenómeno, lo cual incluye a entidades como el Patronato Nacional de la Infancia, la Caja del Seguro Social o el Ministerio de Educación Pública, entre otras.
La edición completa de FrecuenciaMP está disponible en este enlace, donde usted puede repasar el programa así como entregas anteriores.