Daniel Quesada Artavia
15 de junio del 2021. Desde enero, el Ministerio Público (MP) trabaja en el desarrollo de una política de persecución penal específica para investigar los delitos en perjuicio de personas adultas mayores, un proyecto en cual también se abarca a otro grupo en condición de vulnerabilidad, las personas con discapacidad.
Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, este 15 de junio, la fiscala adjunta que trabaja en el proyecto, Tatiana Chaves Lavagni, participó en el programa FrecuenciaMP para analizar la realidad de la población en condición de vejez que es víctima de delitos.
Según las estadísticas aportadas por la especialista en contenido de la Unidad de Capacitación y Supervisión del MP, durante el 2020 se registraron 11.782 casos en los que la parte ofendida tenía 65 años o más; esto implica que un tres por ciento del total de 453.000 personas adultas mayores que existían en el país al 2019, según la Encuesta Nacional de Hogares, ha sido víctima de algún delito.
Sin embargo, Chaves destaca que esta cifra podría estar muy lejos de la realidad, puesto que, apuntó, el Informe de Situación elaborado por el Consejo de la Persona Adulta Mayor (Conapam) y la Universidad de Costa Rica reveló que el 45 por ciento de las personas adultas mayores reporta haber sufrido algún tipo de violencia.
Ruta clara. Según los registros del MP, la mayoría de hechos en perjuicio de esta población son delitos contra la propiedad, como robos, hurtos y estafas; delitos contra la vida y la integridad física, como el abandono y el maltrato; y la desobediencia o incumplimiento a una orden de protección.
“Cualquier conducta humana, sea una acción o una omisión, que se cometa contra una persona adulta mayor y produzca como consecuencia un menoscabo a su integridad física, sexual, psicológica o patrimonial, se considera violencia”, destacó la fiscala al respecto de estas acciones.
Precisamente, la iniciativa de contar con una política de persecución penal para esta materia pretende identificar y abordar obstáculos que existen en la investigación de estos casos para, a través de herramientas, propiciar un trámite más eficiente de las causas.
“Traza una línea de investigación diferente centrada en concretar de una manera más eficaz la protección especial con que cuentan las personas adultas mayores; demanda un actuar más intenso y marca una ruta clara para que las investigaciones penales se aborden con un enfoque de derechos humanos”, dijo.
Lo anterior, continuó Chaves, se lograría “aplicando el modelo social de atención diferenciada, basado en las necesidades particulares de la víctima, en sus especiales condiciones de vulnerabilidad, para incorporar una atención integral, multidisciplinaria e interinstitucional que asegure su bienestar”.
Denuncia. La funcionaria destacó el papel relevante que tiene la ciudadanía por su deber de denunciar este tipo de hechos, lo cual, explicó, puede hacerse ante cualquier Fiscalía o delegación del OIJ del país, así como en la línea confidencial y gratuita 800-8000-645, o ante el Conapam.
En el programa del MP, la fiscala llamo la atención acerca de que “la violencia en perjuicio de las personas adultas mayores es un problema de salud pública, así lo ha reconocido la Organización Mundial de la Salud, que además ha alertado sobre el crecimiento del número de víctimas debido al acelerado aumento del envejecimiento a nivel mundial. Una de las formas más crueles de maltrato, y que también constituye delito, es el abandono”.
Por ello, pidió superar las barreras que llevan a las personas a no denunciar, tales como el pensamiento arraigado de que “los problemas familiares se arreglan en casa”, el normalizar estos actos de violencia o el sentido de culpabilidad que invade a las víctimas. Además, se les debe ofrecer apoyo, puesto que, en algunos casos, las personas adultas mayores tienen problemas de salud o limitaciones de movilidad que les impide denunciar.
“Es parte del compromiso y la luchas que ha estado dando la Fiscalía General para que las personas adultas mayores víctimas de violencia tengan acceso a la justicia, priorizando la persecución penal en estos delitos de gran daño social, que ponen en peligro la integridad física y mental de personas que tienen grandes limitaciones para defenderse”, concluyó.
Si usted desea escuchar el programa completo, puede hacerlo en este enlace.