Daniel Quesada Artavia
08 de julio del 2021. La lucha contra la criminalidad ambiental incluyó en 2020 una serie de operativos para atacar modalidades delictivas que tienen un serio impacto en los ecosistemas, tales como la caza, la deforestación y el tráfico ilícito de flora y fauna.
Así lo hicieron ver Luis Diego Hernández Araya, fiscal adjunto Ambiental, y Shirley Ramírez Carvajal, bióloga de Vida Silvestre del MINAE, quienes participaron en el programa del Ministerio Público (MP), FrecuenciaMP.
Ambos son representantes ante la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental, conformada por el MP, el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Ministerio de Seguridad Pública, que realiza un trabajo interinstitucional para la persecución de delitos ambientales.
Durante 2020, indicó Hernández, “se atacaron todos los flancos en los que hemos detectado tráfico ilícito de vida silvestre; un primer flanco en cuanto a aeropuertos y envíos internacionales a través de servicios postales y, como segunda área, se trabajó la desarticulación de redes de extracción de especies”.
Este enfoque en el tráfico se debe a que dicha modalidad delictiva está calificada como el cuarto negocio ilícito más grande del mundo, solo por detrás del narcotráfico, el trasiego ilegal de armas y el tráfico de personas.
Contra redes organizadas. La bióloga del MINAE, por su parte, recalcó que la detección de redes criminales organizadas ha hecho necesario buscar más y mejores herramientas para combatirlas; y un avance significativo en esta dirección es la mejora que se realizó del Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA).
“Esto involucró, entre otras cosas, la posibilidad de incluir en las denuncias los nombres científicos de las especies de fauna y flora para poder establecer cuáles son las que más se están trasegando, y para determinar cuál es el rumbo que están tomando las redes criminales”, explicó Ramírez.
Por su parte, el fiscal adjunto apuntó que esta mejora permite “sistematizar información acerca de dónde se están extrayendo las especies, su trazabilidad, conocer el país de destino y la modalidad delictiva; en suma, la herramienta nos da información de calidad para la toma de decisiones acerca de la estrategia más adecuada para atacar este fenómeno”.
Ambos especialistas destacaron que la proyección a futuro de la Comisión se ve potenciada con un proyecto que da pasos firmes, puesto que, en 2020, el OIJ presentó ante la Corte Plena un plan para crear una sección especializada en delitos ambientales, para contar con policías con conocimientos específicos y técnicos orientados a combatir la delincuencia ambiental.
Hernández y Ramírez hicieron un llamado a la población para que denuncie estos delitos, puesto que acarrean profundos daños en el medioambiente y además ponen en riesgo la salud pública.
Esto se puede hacer presentándose a una delegación del OIJ o una Fiscalía en cualquier parte del país; también llamando a la Fiscalía Adjunta Ambiental, al teléfono 2247-9125, o bien al 1192, línea especializada en delitos ambientales. Asimismo, está disponible el sitio web del SITADA, en este enlace.
El programa FrecuenciaMP se transmite todos los lunes a las 9:00 a.m.; usted puede repasar la última edición completa, ingresando a esta dirección.