04 de agosto del 2021. Expertos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, del Consejo de Europa y del Ministerio Público de Costa Rica imparten, desde ayer, la videoconferencia “Cooperación Penal Internacional”, dirigida a 21 personas funcionarias de la institución. El objetivo es que estas comprendan el marco actual normativo y las prácticas utilizadas para la cooperación internacional bajo el Convenio de Budapest, sobre Ciberdelincuencia. 

La acción formativa, que culmina el próximo viernes, es facilitada Daniel Ackermann, del mencionado Departamento de Justicia; Antonio Piña y Cristos Velasco, del Consejo de Europa; Sharon Rodríguez Segura y Henry Zúñiga Carmona, fiscales de la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) y de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internaciones, respectivamente.  

Durante el inicio de la conferencia virtual participó la directora del proyecto Glacy+, Catalina Stroe. Este proyecto es una iniciativa conjunta de la Unión Europea y el Consejo de Europa, concebida para reforzar la capacidad de lucha contra la ciberdelincuencia de 12 países prioritarios de África, Asia-Pacífico, Latinoamérica y el Caribe. 

“El objetivo principal de la cooperación internacional durante investigaciones y actuaciones judiciales sobre delitos informáticos es la preservación y producción de pruebas fiables y admisibles que puedan ser utilizadas en los procedimientos prejudiciales y judiciales de casos de ciberdelincuencia. Por lo tanto, es fundamental que, a la hora de investigar y enjuiciar delitos informáticos, los países estén preparados para utilizar los instrumentos de cooperación internacional proporcionados por la Convención de Budapest, de una manera eficiente y oportuna”, afirmó Stroe. 

Por su parte, el docente Zúñiga Carmona, mencionó que la cooperación penal internacional como mecanismo eficaz para reducir el margen de impunidad es una herramienta que está a la mano de las fiscalas y fiscales del Ministerio Público. 

“La evolución que ha mostrado la criminalidad a raíz de los cambios de las sociedades y el significativo aumento en el uso de las tecnologías, obliga a fijar la mirada más allá de las fronteras y buscar de esta manera una solución a los retos que se presentan en la investigación enfocados en la cibercriminalidad”, destacó el funcionario. 

Uno de los participantes de la videoconferencia, Christian Agüero Gamboa, resaltó la importancia de conocer los instrumentos que existen en cuanto a la cooperación internacional y la asistencia mutua para combatir la ciberdelincuencia, así como los protocolos establecidos en el Convenio de Budapest. Señaló que eso ayuda a entender los tipos de ciberdelito que involucra prueba electrónica digital, lo que conlleva a dar la respuesta inmediata para proteger esa evidencia. 

“Las nuevas formas de delincuencia no respetan los límites territoriales; el concepto tradicional de jurisdicción ha dejado paso a una delincuencia sin fronteras. La sociedad digital es deudora de la transnacionalidad, por ello, los delitos cibernéticos requieren de una amplia colaboración entre los Estados; los fiscales y jueces deben conocer los medios de cooperación internacional, pues, sólo a través de ella se pondrá fin al cibercrimen”, agregó el docente Antonio Piña. 

Actualización constante. Mayra Campos Zúñiga, fiscala adjunta de la UCS, aseguró que “existe la responsabilidad de la actualización constante del conocimiento y, en esta oportunidad, abordar el tema de la cooperación internacional, para responder a preguntas de cómo se realiza la cooperación o la asistencia legal mutua para la producción, recepción e incorporación de la prueba electrónica”. 

Según Campos, lo anterior, bajo un principio de derecho internacional de la cooperación mutua de los Estados, entendiendo por esta, como mecanismo eficaz para reducir el margen de impunidad. “La oportunidad de conocer sobre los requisitos y procedimientos para solicitar la cooperación internacional, utilizando el Convenido de Budapest, permitirá no solo comprender su alcance, sino cómo se deben buscar dichas pruebas y cómo se incorporan dentro del proceso penal”. 

Stroe concluyó indicando que el módulo especializado de formación en Cooperación Internacional que se está impartiendo se enfoca en mejorar las competencias de las autoridades judiciales penales en lo que se refiere a la cooperación internacional en el marco del Convenio de Budapest y el segundo protocolo adicional que será emitido próximamente.  

Además, dijo, el programa de formación también trata la utilización de las plantillas estándar para la cooperación internacional, aprobadas por el Comité de la Convención sobre Ciberdelincuencia y destinadas a facilitar el proceso de cooperación.