09 de agosto del 2021. “No dejar a nadie atrás: los pueblos indígenas y el llamado a un nuevo contrato social” es el tema con el que las Naciones Unidas invita los Estados a reflexionar este 9 de agosto, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Ante una historia marcada por la invisibilización y falta de reconocimiento de los derechos de estas poblaciones, cobra relevancia el tema de este año, por cuanto el desarrollo de una sociedad justa e igualitaria implica el deber de desarrollar acciones que permitan materializar tal objetivo.
El compromiso de garantizar el acceso a la justicia de esta población, asumido por el Ministerio Público de Costa Rica, ha permitido desarrollar una serie de acciones que, aún en circunstancias adversas como la actual pandemia, ha demostrado la capacidad resiliente de efectuar ajustes que permitan seguir avanzando, en aras de que estas circunstancias no sean un obstáculo por acercar los servicios de la institución a estas personas, o bien, continuar formando y especializando personal, tanto fiscal como del Organismo de Investigación Judicial, para brindar un servicio culturalmente respetuoso y digno a las personas usuarias de cada uno de los 24 territorios indígenas del país.
De acuerdo con la fiscala adjunta de la Fiscalía de Asuntos Indígenas (FAI), Ariana Céspedes López, por más de una década, este despacho y la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito han efectuado visitas periódicas a los territorios indígenas, con el objetivo de capacitar a la población y acercar los servicios de ambas oficinas. Aunque la pandemia impuso una pausa en este tipo de actividades, con la consigna de no afectar el servicio público y los derechos de las personas usuarias, se han reanudado estos servicios, en apego estricto a las medidas sanitarias, informó la funcionaria.
El desarrollo de competencias en el personal que atiende a la población indígena es un aspecto indispensable para la institución, a fin de brindar el abordaje de las causas penales con pertinencia cultural. Por ello, la FAI y la Unidad de Capacitación y Supervisión desarrollaron la cuarta edición del Curso Especializado en Asuntos Indígenas, que finalizó el pasado 3 de agosto, señaló la fiscala adjunta de esa Unidad, Mayra Campos Zúñiga.
En el marco de esa actividad académica, las personas participantes desarrollaron cuatro proyectos finales, que consistieron en instrumentos dirigidos a la población judicial, orientados a facilitar la comprensión y aplicación de los derechos de los pueblos indígenas.
Se trató de un brochure explicativo sobre el peritaje cultural; otro sobre el derecho a la tierra y territorio, en idiomas cabécar y español; una guía informativa sobre los derechos de los pueblos indígenas; y el desarrollo de una base de datos en internet de personas intérpretes, que facilite su ubicación cuando los despachos judiciales requieran sus servicios.
El acceso a la justicia de las poblaciones en condición de vulnerabilidad y vulnerabilizadas es un compromiso del Ministerio Público. Para esto, la mística del personal y el diálogo constante con las comunidades indígenas resultan medulares para brindar un servicio con visión intercultural, tendiente a garantizar el acceso a la justicia penal de cada grupo étnico que conforma esta población.