Daniel Quesada Artavia
10 de agosto del 2021. Desde la creación de la Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas, 12 años atrás, el Ministerio Público (MP) reforzó el compromiso por eliminar barreras que alejaban a las personas indígenas del sistema de justicia, incluyendo en los procesos un enfoque intercultural construido a partir del respeto a los derechos fundamentales de esta publicación.
La fiscala adjunta de esa oficina, Ariana Céspedes López, así lo explicó en el programa FrecuenciaMP, el cual sirvió para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, este lunes 09 de agosto.
“El MP, por más de una década, ha venido construyendo las políticas de persecución penal con enfoque intercultural, tomando en cuenta derechos culturales, individuales y colectivos que les asisten a los pueblos indígenas y, además de esto, realizando las visitas a los territorios que nos garantizan ese diálogo constante con los pueblos”, apuntó.
La especialista detalló que esas políticas y acciones no se han construido con base en el criterio de la institución, sino que se han formado a partir de la visión de las personas indígenas, tomando en cuenta las particularidades de los pueblos e involucrándolos en un diálogo constante con las personas funcionarias.
“El enfoque intercultural es reconocer la existencia de diversas culturas y que no solo la visión no indígena es la válida, aunque sea la predominante; reconocemos que se requiere un diálogo permanente entre nosotros y los distintos pueblos indígenas a fin de que exista un mutuo conocimiento”, apuntó.
Procesos especializados. Así se ha llegado a incorporar en los servicios del MP esta visión; para la fiscala, la clave se encuentra en “aplicar en nuestro trabajo ese insumo tan enriquecedor a nivel cultural que nos dan las comunidades y brindarles un servicio con ese contenido cultural”.
La diferencia con una causa tramitada de forma ordinaria, reveló, radica en que “cuando existe una persona indígena como parte en un proceso, sea imputada u ofendida, se le debe garantizar derechos especiales que no tiene otra persona, derechos culturales y personales, como el derecho al intérprete, y que al momento de abordar el caso se tomen en cuenta los aspectos culturales que le acompañan”.
La fiscala adjunta dijo que un ejemplo de ello ocurrió con el pueblo indígena Maleku y la pesca en el río Frío; en ese caso se determinó que, tomando en cuenta su relación con los recursos naturales y la espiritualidad que envuelve esa actividad, no existían los elementos para calificarla como pesca ilegal.
En razón de ello, no se persigue a ninguna persona indígena que la practique y, por el contrario, se le reconoce como una práctica cultural con el valor que tiene para el pueblo indígena.
Céspedes agregó que, si bien la pandemia ha significado un reto en materia de atención de las personas indígenas, las visitas a los 24 territorios existentes en el país se han continuado programando.
“Hemos recurrido, eso sí, a mantener una comunicación fluida con los grupos organizados en las comunidades para coordinar previo a las visitas y valorar si es el momento oportuno para los ingresos, aplicando una mayor rigurosidad en los protocolos”, afirmó.
Si usted desea escuchar la última edición de FrecuenciaMP, puede hacerlo en este enlace. El programa se transmite todos los lunes, de 11:00 a.m. a 11:30 a.m. a través de los 98.7 FM de Radio Columbia y la página de Facebook: Ministerio Público de Costa Rica.