UCS, 25 de agosto del 2020. Un total de 80 personas funcionarias del Ministerio Público participaron de la videoconferencia "Perspectivas del delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o denigrantes en Costa Rica", cuyo propósito es desarrollar los conocimientos y las competencias para dar un abordaje integral a este tipo de casos, mediante herramientas jurídicas y conceptuales.
Las personas docentes a cargo de esta actividad fueron Andrea Mora Oreamuno, Lorna Elizondo Cubero y Esteban Vargas Ramírez, quienes integran el Mecanismo Nacional de Prevención a la Tortura.
“Celebramos poder compartir esta información con las fiscalas y los fiscales, porque de esa manera podemos articular esfuerzos y trabajar conjuntamente en el cumplimiento de las obligaciones que el Estado costarricense ha adquirido internacionalmente en relación con los delitos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes", mencionó Mora Oreamuno.
El docente Esteban Vargas Ramírez señaló que “Procuramos contribuirle a la Fiscalía con nuevas herramientas conceptuales y jurídicas, pero, ante todo, en materia de derechos humanos, para una efectiva protección de las personas privadas de libertad ante la Tortura y otros malos tratos".
Por otra parte, Andrea Bermúdez Castillo, participante de la capacitación, enfatizó que el curso ofrece herramientas interdisciplinarias para comprender el delito de tortura, lo que le permite al Ministerio Público ser más vigilante de los estándares en materia de derechos humanos en el abordaje de estos delitos.
"Considero que es importante la articulación y retroalimentación para mejorar el abordaje penal, pero también para visualizar acciones preventivas y encaminadas a una adecuada atención de las víctimas. En ese sentido, es valioso y rescato que este espacio de capacitación se dirija a distintas oficinas del Ministerio Púbico que tienen una relación directa con esta problemática”, añadió.
Para la fiscala adjunta de la Unidad de Capacitación y Supervisión, Mayra Campos Zúñiga, esta capacitación es de suma importancia para la institución, ya que el personal fiscal tiene la obligación de vigilar el cumplimiento los derechos fundamentales, en especial, el respeto a las personas que tienen la condición de imputadas y están en una situación de sujeción, respecto al poder que se ejerce con el derecho penal.
