UCS, 30 de setiembre del 2021. Con la participación de 21 personas, se realizó la videoconferencia denominada “Taller de asesoramiento sobre la racionalización de los procedimientos de asistencia judicial recíproca mejorada por el Segundo Protocolo Adicional relativo a la ciberdelincuencia y las pruebas electrónicas”, el cual se llevó a cabo, por medio de la plataforma Microsoft Teams. entre el 29 y 30 de setiembre del 2021.
Dicho taller tiene como propósito que las personas participantes comprendan el marco actual normativo y las prácticas utilizadas para la cooperación internacional, bajo el segundo protocolo adicional al Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia. Los docentes de la actividad son Pedro Verdelho y Marcos Salt, expertos del Consejo de Europa, así como Henry Zúñiga Carmona, Fiscal Auxiliar del Ministerio Público en Costa Rica.
Según mencionó Catalina Stroe, Directora del Proyecto Glacy, "en el 2017 Costa Rica se adhirió oficialmente al Convenio de Budapest y es uno de los países prioritarios, apoyando la implementación del proyecto GLACY+ en la región de América Latina. El propósito de la actividad es examinar los ámbitos que requieren apoyo del proyecto GLACY+ (mediante actividades de desarrollo de capacidades) y destacar el potencial que existe en Costa Rica para simplificar el procedimiento de asistencia jurídica mutua en materia de ciberdelincuencia y prueba electrónica, de manera que los criminales no puedan aprovechar las ventajas legislativas”.
De acuerdo con el docente Henry Zúñiga Carmona, "la evolución que ha mostrado la criminalidad a raíz de los cambios de las sociedades y el significativo aumento en el uso de las tecnologías, obliga a fijar la mirada más allá de las fronteras, ser críticos y buscar de esta manera una solución a los retos que se presentan en la investigación enfocados en la cibercriminalidad; la cooperación penal internacional como mecanismo eficaz para reducir el margen de impunidad, resulta ser una herramienta a la mano de los fiscales y fiscalas del Ministerio Público".
Por otro lado, Natalia Rodríguez Solís, participante de la actividad académica, señaló “que este tipo de capacitaciones son relevantes para ampliar los conocimientos. Permiten entender la función a desarrollar por la OATRI así como la Unidad de Cibercrimen y la necesidad de la aplicación de lo establecido en los Convenios Internacionales en relación a la prueba y la forma de obtención y petición de la misma".
El docente Marcos Salt recalcó que “el sistema procesal penal está cambiando de manera vertiginosa y, cada vez más, la eficiencia en las investigaciones depende de una correcta utilización de los elementos de la prueba digital que, en muchos casos, está alojada en servidores en extraña jurisdicción. Sin embrago, los países todavía no están preparados, normativamente ni en la capacitación de sus operadores, para hacer frente a este desafío. Actividades como esta contribuyen a propiciar los cambios necesarios para lograr la eficiencia del funcionamiento del sistema y al mismo tiempo lograr un adecuado balance con la protección de las garantías y los datos personales".
Para la fiscala adjunta de la Unidad, Mayra Campos Zúñiga, “la capacitación ha sido una oportunidad para analizar no solo aspectos procesales y sino sustantivos. Reflexionar sobre los desafíos que presenta nuestro sistema judicial y en el ámbito legislativo, todo con el fin de combatir en forma adecuada este tipo de delincuencia, disminuyendo la impunidad. El espacio reflexivo permite marcar una ruta buscando la eficacia y eficiencia del sistema judicial, siempre dentro del marco de la legalidad y respeto del debido proceso.”