Seis personas especialistas de la Fiscalía, Guardia Civil y Policía Nacional de España visitaron el Ministerio Público de Costa Rica, como parte del proyecto fortalecimiento de las capacidades humanas y de coordinación en temas de legitimación de capitales, anticorrupción y cibercrimen. 

Durante la semana de visitas, entre el 21 al 25 de marzo de 2022, las personas especialistas sostuvieron reuniones y entrevistas con despachos del Ministerio Público, diversas secciones especializadas del Organismo de Investigación Judicial, Instituto Costarricense sobre Drogas, Procuraduría General de la República y Banco Nacional de Costa Rica. 

Lo anterior, con la finalidad de conocer el abordaje de los hechos relacionados con la cibercriminalidad, anticorrupción y legitimación de capitales, así como las acciones desarrolladas y principales nudos críticos.  

Con esta visita, se busca contribuir en el fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público en temas prioritarios que permitan mejorar la respuesta institucional ante nuevos fenómenos delictivos que se están presentando actualmente en Costa Rica y que demandan un abordaje con conocimiento especializado.  

Durante las actividades, la misión internacional estuvo acompañado por fiscalas y fiscales de los despachos especializados vinculados a los temas de interés para el proyecto. 

Entre los resultados principales con este encuentro se encuentran la revisión de normativa costarricense, las directrices y otros instrumentos de interés para el fortalecimiento del modelo de abordaje de casos en los despachos  

El jueves 24 de marzo, se reunieron con la fiscala adjunta de la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) del Ministerio Público, Mayra Campos Zúñiga, con quien compartieron impresiones preliminares acerca de los temas en común, algunas diferencias en torno al desarrollo de las investigaciones y desafíos a nivel de investigaciones. 

La jefa de la UCS manifestó que este proyecto es esencial, ya que permite un intercambio de conocimiento y experiencias entre ambos países, con el fin de mejorar la persecución penal en áreas específicas como la legitimación de capitales, estafas y cibercrimen y anticorrupción.