Un total de 23 fiscalas y fiscales del Ministerio Público participan de la quinta edición del curso de especialización sobre “Abordaje de causas penales con intervinientes indígenas”. La actividad académica inició el pasado 02 de junio y está programado que finalice el 04 de agosto. 

Con dicho curso se plantea desarrollar las competencias necesarias para el abordaje especializado, célere y desformalizado de los procesos penales, de manera que, la atención y tramitación de los casos, donde haya personas intervinientes indígenas, sea con enfoque intercultural y acorde con la normativa de derechos humanos, así como con las disposiciones internas para el efectivo acceso a la justicia. 

Para la apertura de dicho curso, se desarrolló el foro abierto “Derechos indígenas y el acceso a la justicia penal”, en el cual participaron aproximadamente 50 personas. De parte del Ministerio Público, estuvieron como expositoras las fiscalas adjuntas Mayra Campos Zúñiga y Ariana Céspedes López, de la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) y de la Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas, respectivamente. 

También participó la magistrada y coordinadora de la Subcomisión de Pueblos Indígenas del Poder Judicial, Damaris Vargas Vásquez, y como invitada internacional, estuvo la consultora de las Naciones Unidas, Samantha Colli Sulú. 

La fiscala Céspedes expuso acerca de las experiencias del Ministerio Público en el desarrollo de acciones, cuya construcción ha implicado la participación activa de las personas y comunidades indígenas, mediante diálogos interculturales auténticos, que permitan que las personas funcionarias conozcan aspectos relacionados con la cosmovisión de los pueblos indígenas y las personas indígenas puedan comprenden los alcances del proceso penal.  

Durante su participación, la señora Samantha Colli señaló que “la falta de acceso a la justicia es una problemática altamente compleja que requiere un abordaje igualmente complejo”. La consultora resaltó las Directrices de las Naciones Unidas sobre la función del personal fiscal, mediante las cuales se promueve la eficacia, imparcialidad y equidad del órgano.  

Por su parte, la magistrada Vargas expuso sobre el compromiso institucional que representa el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígena, lo cual se refleja en la construcción de la Política para Pueblos Indígenas del Poder Judicial, con la participación activa de los 24 territorios. 

Asimismo, la fiscala adjunta de la UCS, comentó sobre los esfuerzos que se han realizado para contar con una capacitación con planteamiento didáctico y metodológico, con enfoque intercultural y acorde con la normativa de derechos humanos, así como con las disposiciones internas para el efectivo acceso a la justicia, además del desarrollo de materiales de apoyo que coadyuven en la labor del Ministerio Público, los procesos de capacitación en temática indígena se encuentran vinculados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.