Dos grupos de la Oficina de Defensa Civil de la Víctima (ODCV) del Ministerio Público recibieron la charla virtual "Fuga de información por parte de personas funcionarias judiciales". El primer grupo se capacitó el 05 de agosto y el segundo el 19 de agosto anterior.
La fiscala adjunta de la ODCV, Ana Daisy Quirós Barrantes, indicó que “el taller permite al equipo de la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas diferenciar, con la normativa nacional e internacional, el Derecho a la Información y el Derecho a la Intimidad (imagen, nombre, seudónimos, domicilio, honor, reputación, derechos patrimoniales), así como concientizar sobre la privacidad de actuaciones regulada en el ordinal 295 del Código Procesal Penal, el Secreto Profesional normado en el numeral 41 del Código de Ética del Profesional en Derecho, y el acceso Constitucional a la información. Se agradece a los facilitadores y personas funcionarias de la Unidad de Capacitación por toda la colaboración suministrada”.
De acuerdo con la fiscala adjunta de la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS), Mayra Campos Zúñiga, “con esta actividad académica se busca la toma de conciencia sobre la responsabilidad de manejar información sensible en razón del cargo y, como un manejo inadecuado de la información produce daños irreparables en las partes involucradas en los procesos. Es importante el reforzar los valores del Ministerio Público, en especial, el deber de probidad para garantizar un servicio de calidad a personas usuarias".
Por otro lado, el Fiscal Adjunto de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), Carlos Meléndez Sequeira, señaló que el espacio formativo busca brindar conocimientos al personal de la ODCV sobre los derechos fundamentales y cómo estos deben garantizase, en cuanto la información privada, sensible, reservada y la pública, que se obtiene en razón del ejercicio de nuestras funciones y las posibles consecuencias a nivel de responsabilidades por infringir deberes legales, éticos y otros.
La comunicadora de la FAPTA, Mónica Álvarez Pérez, explicó que las instituciones públicas tienen la responsabilidad de garantizar el derecho de acceso y la comprensión de la información pública, sin mayor limitación que la expresamente establecida en la Ley. "Para un mejor manejo sobre el derecho de informar, el personal deberá de conocer la legislación costarricense, directrices institucionales e instrumentos internacionales que nos evoca a brindar un servicio que garantice el respeto hacia la ciudadanía y medios de comunicación en acceder a la información pública", enfatizó la funcionaria.
Por su parte, la socióloga de la FAPTA, Andrea Bermúdez Castillo, mencionó que considera que el aporte a la ODCV en el proceso formativo facilita otras perspectivas complementarias a la jurídica, para comprender el derecho de acceso a la información, su importancia dentro del Estado de derecho y para cumplimiento del deber de probidad que debemos observar todas las personas funcionarias públicas.
Como facilitadores encargados de esta capacitación, se contó con la colaboración del fiscal adjunto Carlos Meléndez Sequeira, así como las profesionales Mónica Álvarez Pérez y Andrea Bermúdez Castillo, todos de destacados en la FAPTA.