Mónica Álvarez Pérez 

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La norma GICA-JUSTICIA es el Sistema de Gestión de Calidad que busca el establecimiento de estándares para garantizar la mejora del servicio brindado a la persona usuaria, el ambiente laboral y el ajuste de procesos que permita a los despachos una labor eficaz y eficiente. 

Durante el 2021 y el 2022, dos oficinas del Ministerio Público lograron el sello de acreditación en el Sistema de Gestión de Calidad (GICA). Se trata de la Unidad de Capacitación y Supervisión (UCS) y de la Oficina de la Defensa Civil y de las Víctimas (ODCV), despachos que implantaron estándares de gestión de calidad, promoviendo la satisfacción del personal y los parámetros para gestionar la documentación de una manera estandarizada, eficaz y segura. 

La UCS fue la primera en conseguir la acreditación, en gestión documental. Con este sello, el despacho organizó el manejo de actividades de capacitación, reclutamiento y selección, supervisión, proyectos y procesos administrativos, así como la forma de archivarlos y conservarlos. 

En el 2022, la Unidad obtuvo la aprobación en la acreditación con el Sello de Gestión Organizacional, permitiéndole emitir lineamientos generales acerca de la forma en se organiza internamente y la constitución de comisiones de trabajo en las que participa de manera proactiva y diligente en la atención de temas como calidad, bienestar organizacional, persona usuaria, comunicación, capacitación, salud ocupacional y gestión ambiental. 

Luis Humberto Villalobos Oviedo, profesional en métodos de enseñanza de la UCS, afirma que la obtención de este sello logró el involucramiento de todas las personas funcionarias en distintas actividades de la organización y se promovió el surgimiento de liderazgos. 

“En el 2023, la UCS espera obtener la acreditación en el sello de gestión de procesos, con lo que estaría completando de manera integral el sistema de gestión de la calidad, según la norma GICA-Justicia del Poder Judicial” manifestó. 

De igual manera, la ODCV obtuvo el Sello de Gestión Documental, permitiendo un mayor control, organización, seguridad y custodia de los documentos que generan los procesos propios de la entidad. 

Según expresó la fiscala adjunta de esa oficina, Ana Daisy Quirós Barrantes, la implantación permite estandarizar la gestión judicial, técnica y administrativa, lo que agiliza la ubicación, trámite y preservación de documentos, alineados con la mejora continua para el servicio que brindan a las personas usuarias. 

“Dados los beneficios obtenidos, se gestionó la réplica del proceso en sus 15 sedes a nivel nacional, las que ya han participado de la sensibilización y utilidad que conlleva, por lo que se espera abarcar inicialmente las oficinas territoriales de Pavas, Desamparados, Pérez Zeledón, Limón, Puntarenas y Santa Cruz, aprovechando el compromiso de las personas integrantes del equipo de trabajo a en todo el país”, agregó Quirós.  

Otras fiscalías, dentro de las cuales están Pavas, Liberia y Puntarenas, se encuentran en proceso de acreditación.